| 2021-06-03 | Agencias
La nueva Ley General de Bibliotecas que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor el día de ayer, 2 de junio, propone las directrices para la integración de un Sistema Nacional de Bibliotecas, regula los términos del Depósito Legal, obligaciones y sanciones de los creadores de contenidos editoriales, culturales y educativos, y determina el pago digno a los bibliotecarios que se procurará que sean profesionales de carrera o certificados, entre otras acciones.
La nueva Ley que fue aprobada por el Congreso el pasado 30 de abril y que abroga la Ley General de Bibliotecas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988 y abroga el decreto que disponía la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1991, y desde ahora incluyen también a la Biblioteca de México como la tercera depositaria.
A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto señaló que la nueva Ley General de Bibliotecas, se publica tras un “arduo trabajo” y dice que “con esta ley se reconoce el papel fundamental de los bibliotecarios mexicanos y se recupera el rol de la biblioteca pública como centro cultural de su comunidad”.
Normas
En uno de sus artículos la Ley estipula que todos los editores y productores de materiales educatuvos y culturales deberán entregar dos ejemplares de todas sus ediciones y producciones a tres espacios de la Red: a la Biblioteca de México; a la Biblioteca del Congreso de la Unión, y la Biblioteca Nacional de México, y para ello, el Instituto Nacional del Derecho de Autor enviará mensualmente a las instituciones receptoras del Depósito Legal una relación en formatos automatizados de las publicaciones a las que les fue asignado el ISBN y el ISSN.
El Artículo 43 de la Ley dispone que los editores y productores del país que no cumplan con la obligación consignada, “se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público de los materiales no entregados. La aplicación de la sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales” y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará efectivas las sanciones administrativas que correspondan.
Asimismo, dice que las editoriales del país podrán deducir impuestos a través de las donaciones que realicen en especie a la Dirección General en términos de lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso a), y 151, fracción III, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 131 de su Reglamento, siempre y cuando las donaciones realizadas sean valoradas y, en su caso, aceptadas por la Secretaría.