Xalapa | 2021-04-26 | Jesús Ruiz
El aspirante a la alcaldía de Veracruz puerto, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado lo espían y buscan quitarle la candidatura “a como dé lugar” mediante acciones de espionaje.
Aseveró que el Gobierno está atacando directamente la democracia y en su caso buscan evitar que participe.
“Desde el momento en que yo decidí competir por la presidencia municipal de Veracruz el Gobierno del Estado ha utilizado todos los recursos a su disposición para evitar que yo participe”.
Al respecto, acusó que están usando a la Fiscalía General del Estado para tratar de echar abajo su candidatura.
“La Fiscalía se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno del Estado para perseguir opositores y meterse en el proceso electoral; la estrategia es activar denuncias y órdenes de aprehensión en contra de candidatos ganadores de candidatos distintos al del Gobierno del Estado”.
Aseveró que ello ocurrió con el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, candidato del PRD a diputado federal, así como de Gregorio Gómez quien aspiraba a la alcaldía de Tihuatlán, así como Nicolas Ruiz Roset, aspirante de la coalición “Va por Veracruz” del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal en Minatitlán.
“Hoy los 3 están en la cárcel sin haber sido juzgados o declarados culpables de ningún delito. Eso mismo que hicieron con ellos lo quieren hacer conmigo, sólo en las dictaduras los adversarios políticos van a la cárcel”.
Añadió que tiene evidencias de que la Fiscalía General del Estado está interviniendo comunicaciones telefónicas de los opositores, sin embargo, para poder utilizar esas evidencias necesitan la autorización de un juez.
“Tengo los documentos que comprueban que la Fiscalía del Estado solicitó en 2 ocasiones, a jueces de control, la intervención de mi teléfono celular para escuchar lo que hablo, leer lo que escribo y tener mi ubicación en todo momento”.
Concretamente acusó a la fiscal de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, la intervención de su teléfono, sin embargo, en ambas ocasiones el juez negó la intervención de la línea por ser un acto que viola sus Derechos Humanos y no contar con evidencias de que haya cometido delitos y porque en materia electoral está prohibida la intervención de comunicaciones privadas.
“La fiscal argumentó ante el juez que necesitaba la información contenida en mi teléfono para demostrar que no cumplo con los requisitos para participar como candidato a la presidencia municipal de Veracruz y con esto imputarme diversos delitos, en pocas palabras le piden al juez intervenir mi teléfono para evitar que sea candidato y para meterme a la cárcel”.
Añadió que la Fiscalía también requirió información de su residencia a los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, a la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y al Instituto Nacional de Migración.
“La Fiscalía que debe dedicarse a perseguir delincuentes hoy está dedicada a escuchar las llamadas de los opositores e investigar en dónde viven; yo me pregunto si la Fiscalía no tiene asuntos más importantes que investigar que saber en dónde duermo, en dónde como y con quién hablo”.
Acusó que el Gobierno de Cuitláhuac García busca controlar a los opositores mediante la fuerza, advirtiendo que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) buscará anular su candidatura al inicio de la campaña.