Xalapa | 2023-06-02
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, dio a conocer que han sido presentadas casi 300 denuncias contra diversos entes fiscalizables.
Indicó que los hechos más comunes por los que se han presentado las denuncias son daños patrimoniales, como lo es el desvío de recursos y peculado.
De igual forma ha sido común la detección de documentos apócrifos con los cuales intentan hacer la solventación de las irregularidades.
Los procesos legales son desde hace tres años, es decir del periodo de 2019 a 2022, dijo la titular la mañana de este viernes al asistir a la celebración del 50 aniversario del Instituto de Administración Pública.
“Cuando detectamos un documento apócrifo, comprobamos y verificamos que no es auténtico, y posteriormente presentamos la denuncia por falsedad. Derivado de la fiscalización hubo casos en los que advertimos que no se cumplió con las disposiciones de la Ley y estamos obligados a presentar las denuncias”, añadió.
La auditora general indicó que se ha dialogado con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) , Verónica Hernández Giadáns para conocer cómo se debe proceder en estos casos, como parte de las investigaciones respecto a los casos.
Entre los entes que mayores irregularidades presentan están los ayuntamientos, son recurrentes en incumplir los lineamientos de las fiscalizaciones, por esa razón se llevan a cabo los procedimientos jurídicos donde se presentan los hechos y señalan los periodos de las administraciones.
Delia González Cobos comentó que legalmente las investigaciones para resolver las denuncias son por un periodo de siete años a partir de que ocurrieron los hechos.
Señaló que en el caso de la lo de 2017 hay 50 expedientes pendientes de resolución, más los acumulados de 2018, lo cual consideró es un rezago que tiene que ver con la falta de recurso tanto de personal y económico para integrar y fortalecer la unidad de investigación para la cual se requiere de financiamiento que se planteará a los diputados.
También detalló que hay temas pendientes del ejercicio de la anterior administración estatal. Tan sólo de 2019 fueron presentadas 63 denuncias contra los entes fiscalizables; en 2020 suman 39 por un monto de 32 millones 882 mil 685 pesos, por presunto daño patrimonial, mientras que para 2022, se presentó una sola denuncia y se da seguimiento a 10 casos con ejercicios diversos, refiere la información oficial del Orfis.