Xalapa | 2022-02-15 | Jesús Ruiz
El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que se tiene que “sintonizar” el sistema penal acusatorio y el Código Penal de Veracruz, particularmente los procedimientos que se dan dentro de la disputa legal entre defensores, fiscalía y el propio juez en torno a la prisión preventiva.
“Mientras eso sucede, a nosotros no nos queda más que apegarnos a la ley vigente, el juez podría tener otra atribución apegada a derecho, dude variar medidas cautelares por el nuevo sistema penal acusatorio pero un servidor no, nuestras dependencias no, tenemos que ser apegados a derecho”.
Argumentó que, si a la Ley “le falta algo” o requiere de algo, esta situación queda fuera de las manos del Gobierno.
En ese sentido criticó que con la derogación del delito de ultrajes se busca “desarmar legalmente” al Gobierno en su actuación contra los grupos delictivos.
Comentó que, aunque han detenido a 40 jefes de plaza detenido por ultrajes a la autoridad, se han aprehendido a por lo menos 62, y que en el caso del puerto de Veracruz sigue el operativo para dar con los responsables pero que ya hay avances.
García Jiménez se refirió al posicionamiento de la Corte en torno a la presión preventiva al determinar que los órganos jurisdiccionales pueden decidir si prolongan o cesan la prisión preventiva contra una persona sujeta a un proceso penal cuando se hayan rebasado los dos años de plazo para dictar sentencia.
En ese tema dijo que esta resolución no influirá en los detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad, pues dijo que las agravantes solo prevén un año de prisión preventiva oficiosa.
“La SCJN se pronunció con respecto a la prisión preventiva que luego se excede y pidió una reconsideración a dos años, eso no tiene que ver con el delito de ultrajes a la autoridad, las agravantes de este delito no tienen ni un año, por lo tanto, no cabrían ahí.
“No olvidar que la prisión preventiva oficiosa está en el artículo 19 Constitucional, es mandato Constitucional y la tenemos que acatar todos. Si alguien no está de acuerdo con eso tiene que quitar de la Constitución qué partes no; mientras la agresión con violencia esté en el texto Constitucional debe ser prisión preventiva oficiosa”.
En su opinión “los eruditos en materia penal” deben analizar cómo hacer para que en el Código Penal de Veracruz sea consecuente con el mandato constitucional, “nosotros hicimos una reforma en función de ese mandato constitucional para que sea efectiva la prisión preventiva”.