Xalapa | 2024-05-24
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) continúa con el proceso de seguimiento a las observaciones de presunto daño patrimonial de las cuentas públicas del 2017 al 2022, presentando recientemente ocho denuncias penales contra exservidores públicos de cinco ayuntamientos: San Rafael, San Andrés Tuxtla, Juchique de Ferrer, Puerto de Veracruz y Tehuipango.
En el caso del Ayuntamiento de Veracruz, que fue presidido por el panista Fernando Yunes Márquez, actual candidato a diputado local por la vía plurinominal de la coalición "Fuerza y corazón por Veracruz", el ente fiscalizador detectó un presunto daño patrimonial significativo en la revisión de la cuenta pública 2021, la última de su administración municipal.
De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), el monto asciende a 117 millones 507 mil 043.04 pesos.
Durante el plazo otorgado para la solventación de observaciones, el Ayuntamiento de Veracruz logró justificar únicamente 24 millones 509 mil 173.75 pesos, quedando sin aclarar un total de 92 millones 997 mil 869.29 pesos.
Las irregularidades señaladas por el Orfis se centran en los servicios de administración de un plan privado de pensiones, así como en asesorías jurídicas, contables y financieras proporcionadas por la empresa Laynher Estevia, S.A. de C.V.
La denuncia por este presunto daño patrimonial fue presentada el pasado 8 de abril ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio del Orfis para combatir la corrupción y asegurar la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Fernando Yunes Márquez, en su campaña para obtener un escaño en el Congreso local, no ha emitido comentarios públicos respecto a estas acusaciones. La situación añade un elemento de controversia a su candidatura, en medio de un clima político ya tenso en Veracruz.
El seguimiento de estas denuncias penales por parte del Orfis subraya la importancia de la rendición de cuentas en la administración pública y plantea interrogantes sobre la gestión de recursos durante la administración de Yunes Márquez.