Xalapa | 2021-12-29 | Jesús Ruiz
La Fiscalía General del Estado (FGE) justificó que tiene marcas por acné o enfermedades venéreas, pero Alberto “N” autorizó a su defensa dar su versión y hacer públicas las imágenes del dictamen victimológico al que fue sometido después de su detención el pasado 11 de noviembre.
De acuerdo con su abogado, Rodolfo René Paratte, de esta forma su cliente busca demostrar que realmente su cliente fue golpeado y torturado por elementos ministeriales.
Alberto está sujeto a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, crimen que fue perpetrado el 29 de junio de 2020, pero él fue recientemente aprehendido pese a que en todo momento colaboró con la Fiscalía cuando fue requerido.
Y es que por dicho asesinato la Fiscalía de Veracruz igualmente procedió en contra July Raquel “N”, hermana de Alberto, el pasado 7 de noviembre de 2020. Ambos acusan haber sido objeto de tortura por parte de los ministeriales a cargo de su detención en la Ciudad de México y de su posterior traslado a los juzgados de Xalapa.
En entrevista, el abogado Rodolfo René Paratte señaló que existen constancias de los abusos de autoridad, pues ambos sufrieron quemaduras y descargas eléctricas en los genitales. Por su parte, July Raquel señaló haber sido agredida sexualmente, de ahí que a ella se le aplicó el Protocolo de Estambul.
Entre otras irregularidades, el abogado señaló que para detener a Alberto “N” sujetos con uniformes de Servidores de la Nación lo engañaron para que saliera de su casa ofreciéndole ayuda económica, lo que en su opinión constituye un delito pues inmediatamente fue abordado por ministeriales para someterlo con golpes y subirlo a una camioneta.
El defensor subrayó que por ello esperan la comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, que acaba de ser creada por el Senado de la República, no se trate de un asunto mediático y que realmente se analicen casos de abusos a Derechos Humanos cometidos por autoridades veracruzanas.
“El 11 de noviembre a Alberto lo detienen con actos de violencia y tortura. Tuve la dicha de llevar a cabo la primera audiencia, al momento de ver a mi cliente pude ver que tenía marcas de tortura y se lo hice saber al juez Adrián Reyes los actos de tortura en la primera audiencia de control y él me permite, conforme a lo que establece el Código Nacional y la Cadena de Custodia que está actualizada, desnudar a mi cliente”, refirió el abogado.
Rodolfo René Paratte afirmó que en la valoración médica que ordenó el juez se dejó constancia de que Alberto tenía 24 marcas de descargas eléctricas en sus genitales, así como múltiples contusiones, laceraciones y costillas rotas, lo que consta en el dictamen.
“Ese dictamen victimológico fue realizado por una perita debidamente acreditada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz”, observó.
Acompañado por Martín Flores, padre de los detenidos, el abogado exhibió los documentos en los que existe constancia de que Alberto autorizó hacer públicos los exámenes médicos, así como las imágenes en las que se observan las consecuencias de los supuestos actos de tortura que le aplicaron.
Indicó que por ello piden la ayuda de los senadores Ricardo Monreal Ávila y del presidente de la Comisión referida, Dante Delgado Rannauro, requiriéndoles que realmente “volteen a ver” casos como el de sus clientes.
El abogado señaló que él mismo ha recibido amenazas por parte de policías en Veracruz, quienes lo han amedrentado durante el desahogo de las audiencias en los juzgados de Pacho Viejo, en el Distrito Judicial de Xalapa.
Por su parte, Martín Flores declaró que, aunque está certificado que Alberto tenía ansiedad y lesiones, todavía no se le aplica el Protocolo de Estambul y criticó que el Ministerio Público haya justificado que su hijo tenía marcas posiblemente causadas por acné, golpes que él mismo se habría propinado y marcas en genitales que pudieran ser “una enfermedad venérea”.
Tanto el padre de los detenidos como el abogado criticaron que las autoridades en Veracruz traten a cualquier imputado como si fuese delincuente, cuando ni siquiera se ha desarrollado el juicio correspondiente.