Xalapa | 2022-01-26 | Jesús Ruiz
La comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, informó que entre 2020 y 2021, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ha presentado 4 denuncias.
La comisionada detalló que 3 denuncias se presentaron ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y una ante la Unidad Integral de Procuración de justicia de Xalapa.
Aseveró que al comenzar en el cargo detectó que 3 mil expedientes carecían de firma de los servidores públicos de quienes integraron el pleno, lo que fue notificado al órgano interno de control y a la dirección jurídica, instancias que cuentan con la información respectiva.
En cuanto a las resoluciones del pleno del IVAI, señaló que son vinculantes y por ello han realizado 500 apercibimientos contra los titulares de los sujetos obligados que no acatan los fallos.
“También hemos llegado no sólo a la amonestación pública, la Ley también nos permite y vamos a caminar hacia allá, no estamos simulando, estamos imponiendo las medidas de apremio que fueran necesarias.
“Impusimos amonestaciones, apercibimientos y 8 multas en el último trimestre del año y vamos a continuar los apercibimientos que así lo ameriten”, indicó.
Recordó que una multa del IVAI puede ir desde 14 mil hasta 144 mil pesos, además de que a la fecha el IVAI cuenta con un convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas para que se puedan ejecutar dichas multas.
Respecto a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos justificó que por Ley no se puede obligar a los funcionarios a hacer pública dicha información.
“Como pleno no podemos ir más allá de lo que exige la Ley (…); la Ley estatal de transparencia señala que la publicidad de las declaraciones patrimoniales sólo procede únicamente para los servidores públicos que lo autoricen expresamente.
“Hemos resuelto en aras de la máxima publicidad resoluciones en donde ordenamos a diversos sujetos obligados que entreguen la documentación”.
Apuntó que el IVAI promovió 167 amonestaciones públicas a los titulares de las Unidades de Transparencia que no rindieron los informes en materia de datos personales.