Xalapa | 2022-02-23 | Jesús Ruíz
Al estar relacionada con recursos públicos, las irregularidades detectadas en la construcción de las ciudades judiciales como parte de la denuncia que interpuso la exmagistrada Sofía Martínez Huerta, deben continuar integrándose.
El abogado Tomás Mundo Arriasa sostuvo que, aunque la extogada haya fallecido, la Fiscalía Anticorrupción debe continuar la investigación ante la evidente corrupción que existió en la construcción de estos proyectos.
El penalista recordó que anteriormente integraba el equipo legal de la exmagistrada fallecida este lunes, quien optó por denunciar esta situación y posteriormente fue removida del cargo de presidenta y a quien le aplicaron el juicio político para quitarle el cargo.
Precisó que, en el caso de la denuncia de Martínez Huerta contra el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, esta acusación ya no puede continuar debido a la muerte del denunciante.
Sin embargo, sostuvo que no opera de igual manera en la que se interpuso por el caso de las ciudades judiciales, pues en esta hay una afectación a la sociedad en su conjunto.
Explicó que antes de que salieran las bases de la licitación de las obras, ya se habían asignado a cinco empresas, con una proyección de 5 mil millones de pesos para invertir, aunque el costo llegó hasta los 15 mil millones.
“Sofía Martínez se dio cuenta de la ilegalidad que había y suspendió el pago por 11 meses. Eso fue lo que le costó la amenaza y eso fue lo que le costó también la presidencia y la magistratura.
“Cuando llega esta presidenta nueva al otro día paga 170 millones en forma inmediata y sigue pagando en una ciudad judicial donde hay una gran corrupción”, sostuvo.
Tomás Mundo acotó que la denuncia está presentada en la Fiscalía Anticorrupción y en este caso, de acuerdo con el artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisa que todo aquel que tenga conocimiento de un delito podrá y deberá denunciar, es que hay posibilidades para continuar y llegar hasta las últimas consecuencias.
En ese sentido, precisó que la exmagistrada tuvo conocimiento de ese delito e hizo uso de dicha facultad, por lo que la Fiscalía está obligada a continuar de oficio la integración de la carpeta.
“Pero como a esta Fiscalía les afecta, nada más actúan cuando son enemigos”, acusó el abogado penalista.