Xalapa | 2022-11-10
Los diputados del Congreso de Veracruz aprobaron la intervención de la Tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla por 2 años.
Lo anterior “a fin de garantizar el derecho a la buena administración pública”, según el dictamen aprobado por la mayoría este jueves, el cual fue criticado por diputados del PRI y el PAN.
Este jueves, durante la sesión ordinaria, los legisladores determinaron que se debe de supervisar y evaluar el gasto programado por el Ayuntamiento presidido por la morenista, María Elena Solana Calzada al encontrar diversas irregularidades.
Así, de conformidad con el artículo 61 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz, se instruye a la Secretaria General del Congreso para que, conforme a la estructura orgánica y administrativa, se designe el interventor.
La Comisión sustentó la intervención luego de que el 19 octubre consideró válido y urgente ordenar a la Secretaría de Fiscalización realizar actos de revisión a la administración municipal, al encontrarse “frente a un acto categorizado como grave”.
Everardo Domínguez Landa, Secretario de Fiscalización, reportó que, durante el requerimiento de información para iniciar una auditoría, la titular del órgano interno de control municipal, María Antonia Carmona Díaz, se negó a entregar la documentación y las constancias que la contenían.
La Comisión reporta que hasta el momento perdura la respuesta negativa y una actitud contraria a la cooperación y la transparencia respecto a los datos requeridos.
Igualmente, la Comisión de Vigilancia reporta que derivado de las indagatorias realizadas durante el inicio de los actos de fiscalización, se encontró que el actual director de obras públicas no cumple con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Municipio Libre para ocupar el cargo.
Ello significa que la titular del órgano interno de control municipal incumplió con su labor, al no verificar el cumplimiento de la Ley.
Ante la omisión en el cumplimiento de obligaciones, el ocultamiento de la información y los plazos establecidos se terminó que la intervención debe ser por dos años a partir de que la persona nombrada para dicha tarea se establezca formal y materialmente en dicho municipio.
La medida fue criticada por diputados de la oposición, quienes consideraron que se está violentando la Ley Orgánica del Municipio Libre.
El diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, pidió retirar el dictamen del orden del día y acusó que la Comisión de Vigilancia y la Secretaría General del Congreso no cumplieron con el trámite legislativo.
Por su parte, el diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, acusó que el dictamen “fue pasado” a firma sin sesión de la Comisión de Vigilancia.
Alertó que el dictamen se basa en sugerencias, lo que genera incertidumbre al intervenir una tesorería municipal.