Xalapa | 2020-11-25 | Leticia Cruz
La violencia política contra las mujeres pretende de fondo ser una acción intimidatoria para que las mujeres desistan de participar en el ámbito público-político, deploró Martha Mendoza Parissi, secretaria técnica de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 20-30.
"Muchas estudiosas feministas coinciden en que a mayores libertades, y sobre todo en el ejercicio de las libertades y derechos de las mujeres en el ámbito público, en el ámbito político la violencia se recrudece porque la violencia viene a ser precisamente un mecanismo de control".
Hay casos de regidoras, síndicas y mujeres que ocupan otros espacios públicos que padecen acoso y violencia política; “y no es posible que los alcaldes no hagan nada o sean los generadores de violencia, entonces esto sí tiene que ser sancionado desde el Congreso del Estado y desde la propia Fiscalía”, comentó.
Y es que, observó, en la medida en que las mujeres van ocupando más espacios en el ámbito público, mayor es la violencia.
“No es otra cosa más que controlar que las mujeres no invadan los espacios que creen que les corresponden a los hombres, no digo que todos los hombres ejerzan violencia, pero aquellos que lo hacen están mandando ese mensaje”, acentuó Mendoza Parissi.
Algunos hombres creen que las mujeres no deben ocupar más espacios de los que ellos, como su fuera una gracia, les han otorgado, por ello el tema de la paridad es tan complicado, detalló.
“Hablar de paridad implica que el cincuenta por ciento de los cargos públicos sean ocupados por mujeres, ya no por hombres, y el quitar esos espacios de poder genera tensión y, por lo tanto, violencia”.
La violencia que padecen mujeres que ocupan espacios públicos evidencia la que padecen las mujeres que tienen menos herramientas frente a las posiciones desiguales de poder, advirtió.
“Y también habla de una omisión, es decir, que todavía están pendientes políticas para prevenir la violencia, para sancionar verdaderamente la violencia. Creo que todavía nos falta mucho camino para andar en este tema de sancionar, pero sobre todo de prevenir”.
La no prevención de hechos violentos contra las mujeres y la no sanción “habla de una omisión del Estado en general, de los tres poderes que precisamente les falta atender esa tarea de resguardar, de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.