Xalapa | 2021-07-02 | Ariadna García
Las integrantes de la Sociedad Civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, así como representantes de diversas organizaciones y activistas, exigieron al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general del Instituto Veracruzano de las Mujeres con todos las atribuciones que la ley le faculta.
Además, en un comunicado, exhortaron a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.
Lo anterior por el incumplimiento en la designación de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto y por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace un mes está presa en Acayucan por un aborto.
Explicaron que, en mayo de 2019, tras la renuncia de Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, Rocío Villafuerte Martínez; en julio del mismo año los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno.
“Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz. Durante este período los señalamientos hacia el Instituto han ido desde el despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia”, dijeron.
Expusieron que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia.
A ello añadieron, la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, “como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar”.
“Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes”.