Xalapa | 2020-12-21 | Jesús Ruíz
Pese a la oposición de los dueños de los verificentros, quienes se presentaron al Pleno del Congreso, diputados locales aprobaron la iniciativa del gobernador que modifica el Código de Derechos y el Financiero del Estado para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cobre la verificación vehicular.
Previo a la votación se registró una manifestación de concesionarios, quienes a gritos pidieron mesas de diálogo con legisladores pero fueron ignorados.
El presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas, Alejandro Huesca, se inconformó exigiendo a los diputados que lo escucharan y que atendieran sus peticiones antes de someter el dictamen a votación.
“Respeten nuestras concesiones, que el señor respete mi derecho de réplica, soy un ciudadano, soy del pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita. Señores, dónde está el proyecto de nación de nuestro Presidente, van a dejar a nuestra familia sin comer, hagan caso. Señora presidenta, disculpe, estamos desesperados, no se vale lo que nos están haciendo, no nos van a pagar, nos están utilizando, quieren que seamos sus empleados, cosa que no se vale”.
Finalmente los legisladores aprobaron por unanimidad con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la propuesta para que el cobro del costo de derechos derivados del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente pase a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
La Sefiplan ahora también podrá dar seguimiento a las actividades del Registro Estatal de Contribuyentes que en materia vehicular podrá vincularse con el seguimiento del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.
De esta manera los recursos derivados de la venta de certificados holográficos para verificación vehicular serán regulados a través del Código de Derechos para la entidad.
El proyecto deroga la fracción I, Apartado B, del artículo 153 del Código Financiero; y adiciona un Apartado E, al artículo 16 y deroga los incisos a) y b) de la fracción IV, del artículo 19 del Código de Derechos, ambos para el Estado.
A la par, se homologa la tarifa por la cantidad de 4.2035 Unidades de Medida de Actualización (UMA´S), equivalente a 365.20 pesos.
El Ejecutivo añade que no se contempla el impuesto adicional para el fomento de la educación, beneficiando a los propietarios de los vehículos automotores y a la ciudadanía en general.
Finalmente, cuando se entregue el documento donde se establezca que el vehículo fue rechazado por los altos niveles de contaminación, el contribuyente podrá realizar las reparaciones mecánicas necesarias y los cambios en el coche para poder verificar nuevamente, la cual será gratuita si se realiza en el mismo Centro de Verificación o Verificentro y dentro del período determinado de acuerdo al engomado del vehículo.
La iniciativa con proyecto de decreto apenas fue presentada el pasado 17 de diciembre, siendo turnada a la comisión de Hacienda del Estado. El diputado local, Gonzalo Guízar Valladares, reconoció en tribuna que no conocía el dictamen, por lo que pidió una explicación a la Comisión de Hacienda, la cual no se dio.
“Como no conocemos el dictamen siento que es una cuestión importante que la comisión que dictamina nos dé una explicación de en qué consiste ante el pleno esta disposición que vamos a votar”, señaló.
Añadió que incrementar el cobro de derechos es una medida antipopular, sobre todo cuando concesionarios de los Centros de Verificación y Verificentros se oponen a esta medida, pese a que la Secretaría de Finanzas se compromete a realizar los pagos correspondientes a estos concesionarios por sus servicios.
Argumentó que el Gobierno del Estado busca generar más recursos para obtener un mayor presupuesto ante la Federación.