Xalapa | 2020-06-24 | Jesús Ruiz
Ante un posible brote de COVID-19 personas privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, señalaron ante un juez federal al director del Centro de Readaptación Social Zona 1 en Pacho Viejo, Fidencio Pérez Rojas, por omisión.
Al tramitar un amparo los reclusos consiguieron la suspensión de plano de la autoridad jurisdiccional federal, por ello el funcionario tuvo que solicitar a la Secretaría de Salud aplicar pruebas de COVID-19 a los internos de esta prisión.
Los resultados de estos exámenes médicos fueron clasificados como “confidenciales”, aunque se garantiza que los reos reciben “el tratamiento respectivo”.
A finales de marzo un prisionero de nombre Víctor Hugo “N” tramitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, planteando la omisión del director de proporcionarle atención médica requerida al tener síntomas de COVID-19, consiguiendo la suspensión de plano.
Además, el recluso expuso que en el CERESO no se había implementado la separación de las personas enfermas por COVID-19 de las que no lo están.
En medios de comunicación, el primero de junio el secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, negó que se hayan registrado casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en alguno de los 17 centros penitenciarios estatales.
Posteriormente, el 9 de junio, el Juez de Control y el director del Centro de Reinserción rindieron su informe relativo a la suspensión de plano concedida a la persona privada de su libertad.
El director también informó del caso de otro recluso de nombre Martín Apolinar “N”, detallando que el 8 de junio pasado, solicitó a la Jefa de Jurisdicción Sanitaria Número V la práctica al quejoso de la prueba para la detección del COVID-19.
El juez federal dio un plazo máximo de seis horas para informar si se realizó la prueba y que remita copia certificada del diagnóstico correspondiente que confirme o descarte algún contagio y de ser necesario, proporcione el tratamiento médico que requiera.
En caso de no haber acatado la orden el director recibiría una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización.
El 15 de junio de dos mil veinte Pérez Rojas notificó que dio cumplimiento a lo requerido, añadiendo que ya le fue realizada al quejoso la prueba y “derivado de ello, comenzó con el tratamiento respectivo”.
“Ahora, a fin de salvaguardar la información remitida por la autoridad oficiante, la cual refiere se encuentra clasificada como confidencial, consérvense en sobre cerrado tales constancias y glósense al expediente en que se actúa”, se determinó.
Cabe señalar que hasta la fecha siguen sin hacerse oficial que haya reos con COVID-19 en prisiones estatales de Veracruz.
En su informe más reciente sobre el Sistema Penitenciario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta 5 casos positivos; 8 sospechosos y una defunción en el CEFERESO de Villa Aldama.