| 2024-06-27
Este miércoles la diputada local Anilú Ingram presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, con el objetivo de “garantizar los derechos electorales de los ediles y la representación de los partidos políticos, así como respetar la voluntad del pueblo en la elección de regidores”. *** La intención, dijo, es actualizar, ajustar y eliminar los vacíos del marco jurídico para asegurar los derechos de los veracruzanos. *** Como ejemplo de estos vacíos, la legisladora mencionó casos recientes en los que las autoridades enfrentaron circunstancias no previstas por la ley. *** “Es el caso, por ejemplo, de un edil que por causas ajenas a su voluntad no pudo asumir el cargo y, al desaparecer esas causas, hizo pública su decisión de ocupar el puesto que le confió el electorado de su municipio”. Explicó que la actual ley no prevé qué debe hacerse en estas situaciones, lo que podría resultar en decisiones de autoridad afectadas de ilegalidad. *** La iniciativa aborda casos como la falta definitiva de un edil y su suplente, o la negativa del suplente a asumir el cargo. *** Anilú Ingram propuso que el Congreso o la Diputación Permanente puedan llamar a otro integrante del partido político que postuló al edil faltante, siempre que haya formado parte de la planilla electoral y continúe siendo militante del partido. *** Casualmente, en la Fiscalía General del Estado (FGE) existe una carpeta de investigación contra la síndica de Lerdo de Tejada, María Esther Arróniz, por el delito de usurpación de funciones, toda vez que carece del nombramiento por parte del Congreso local para desempeñarse como alcaldesa sustituta.
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Ya lo habíamos anticipado en este mismo espacio, pero este miércoles lo confirmó la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez: ese organismo ha emitido 21 recomendaciones a la Fuerza Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, 17 de las cuales corresponden a hechos ocurridos durante la administración de Cuitláhuac García.
A raíz de los hechos ocurridos en la comunidad de Totalco, municipio de Perote, la semana pasada, en los que dos personas fallecieron en un enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Fuerza Civil, la CEDH inició una investigación de oficio.
“La queja se está integrando, la investigación se está iniciando. Ahora sólo puedo decir que se violenta el derecho a la vida, pero no podré señalar más hasta que no terminemos de integrar la queja”, explicó la titular de la Comisión.
Sobre las recomendaciones emitidas por actuaciones de la Fuerza Civil, la titular de la CEDH señaló que estas abordan diversas violaciones.
“Algunas tienen que ver con el uso excesivo, ilegítimo, desproporcionado de la fuerza; algunas tienen que ver con actos de tortura y actos contra la integridad personal”.
Respecto a la actuación de ese grupo de la policía estatal, el abogado Tomás Mundo Arriasa señaló que eso va más allá de los abusos de la Fuerza Civil, pues en las detenciones arbitrarias que maquinaron fiscales y jueces, esa corporación de Seguridad Pública prestó para meter a inocentes a la cárcel.
El coordinador del Proyecto Inocencia Veracruz dijo que tiene identificados al menos 600 casos en los que a personas que fueron detenidas por elementos de la Fuerza Civil, les plantaron drogas o armas, y posteriormente los acusaron de otros delitos de alto impacto.
Lo mismo ocurrió, dijo, con aquellos que fueron detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad: los fiscales y jueces les compraron las mentiras a las corporaciones policíacas para tener a inocentes en las cárceles de Veracruz.
“El tema de la Fuerza Civil va de la mano del delito de ultrajes a la autoridad, porque ¿cuántas historias se fabricaron para mantener a muchos inocentes en prisión?, y fueron mentiras que compró la Fiscalía General del Estado en complicidad con muchos jueces”.
Tomás Mundo recordó que tras la desaparición del delito de ultrajes a la autoridad, fueron creados otros tipos paralelos para justificar la decisión de mantener a 600 personas inocentes en las cárceles.
Dijo que lo ocurrido en la comunidad de Totalco “sólo fue la gota que derramó el vaso”.
Dijo que no basta con la desaparición de dicha corporación, sino que es necesario proceder legalmente contra los responsables, y planteó que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia que lleve a cabo las investigaciones.
“Para sancionar a los responsables se requiere de una investigación eficaz, respaldada con elementos probatorios suficientes y ya no permitir más atropellos a la ley, ni a la sociedad”.
No, la falta no se paga desapareciendo (sólo en el papel) una corporación que ha sido el brazo ejecutor de un gobierno represor.
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Y de pronto, con la magia que producen dos víctimas fatales, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) se entera de que existen “inconsistencias graves” en las instalaciones de Granjas Carroll de México ubicadas en Totalco, municipio de Perote, principalmente por la filtración de lodos contaminados al suelo. *** El titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, lanzó la amenaza: está en manos de la oficina a su cargo “clausurar de manera definitiva” las granjas porcinas. *** “Son 51 granjas, algunas granjas hasta 10 naves, entonces es un trabajo arduo y se están revisando llevamos hasta ahorita seis revisadas, tengo firmadas 9 órdenes y precisamente el día de hoy iban a llegar los dueños a la Procuraduría para seguir ventilando la información y revisando los temas”. *** Tengamos fe, ya sólo falta revisar otras 41 granjas.
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