| 2024-10-21
La transformación de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, según lo anunciado, será un esquema que modificará estructuras en los estados y municipios.
Y es que Doña Raquel Buenrostro, titular de la SFP, presentó el nuevo modelo para la prevención y el combate a la corrupción a través de diez ejes: la dignificación del servicio público; el acompañamiento preventivo; la modernización de la administración pública federal; consolidación de compras públicas transparentes; la transparencia proactiva; participación del sector privado y la sociedad; la focalización de esfuerzos; el fortalecimiento de la cultura de la denuncia; las investigaciones para inhibir la corrupción; y el combate a la impunidad. Estos serán los diez ejes por donde habrá de transitar la función pública en términos de la anticorrupción y buen gobierno.
Este esfuerzo habla del reconocimiento a la existencia y combate a la corrupción. Y también habremos de reconocer, desde todos los enfoques de la sociedad, que la mezcla y combinación de la opacidad con la mentira y la simulación han evitado los mejores avances en el sentido de atajar el mal en definitiva. Y es hasta ahora cuando vemos que hay una intención integral.
Uno de los sitios donde mayor atención se habría de poner es en el sector salud, obra pública en su conjunto, educación y seguridad pública, por mencionar algunos.
Hablar de corrupción en un sector como el de la salud, en donde solo se ha venido observando cómo han tirado el agua sucia (que la había) con todo y el niño a la bañera, aunque debe decirse también que no todos son corruptos, pues, como en todos lados, igualmente hay honestidad y pureza.
Me parece que el único buque insignia que queda para, de una vez y por todas, es que este nuevo modelo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se enlace y trate desde los planes y niveles escolares iniciales, a partir del hogar y las familias.
No combatir y abatir para lograr extirpar conductas de corrupción desde el primer núcleo social, la familia, haría poco viable y exitoso todo esfuerzo del gobierno.
La corrupción es una moneda. Una cara es descubrir y remediar los actos realizados en contra de las reglas establecidas. Este aspecto se cierra con la definición de los culpables y su castigo. La otra cara se refiere a todas las acciones preventivas que tienden a evitar la simulación y la apropiación ilegítima de los bienes de la sociedad.
El nuevo modelo de la SFP, creo y pienso, debe vigilar cabalmente y plenamente el cumplimiento de la norma. Es simple: luchar contra la corrupción tiene la finalidad de evitar que quienes están en el poder lo usen para su propio y exclusivo beneficio, y los órganos internos de control en cada nivel y territorio deben hacer valer esa misión.
Cabe precisar que aún no está la reforma a la ley orgánica federal en el gobierno de la república, así que, en un sentido estricto, todavía la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno NO EXISTE, y continúa siendo Secretaría de la Función Pública. A trabajar se ha dicho.
El nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción llevará a la articulación de normas, acciones y servicios entre las dependencias, y a homogeneizarlas para una mayor eficiencia en la administración pública. O sea, se requiere del trabajo conjunto y colegiado institucional.
Implementar nuevas reglas en las Leyes de Adquisición y Obras Públicas que permitan agilizar procesos para fomentar la competencia, así lo ha dicho la secretaria Raquel Buenrostro, es posible que resulte una asignatura muy profunda.
El adelgazamiento o eliminación del INAI, el IVAI en Veracruz, y la posible aprobación de la reforma para la desaparición de los organismos autónomos en el país y los estados implicaría no desproteger el acceso a la información pública, así como a la protección de datos personales. De ahí que la articulación de esfuerzos colegiados será medular. Creo que pronto los congresos, federal y local, se pondrán a trabajar en la construcción de una nueva Ley General de Transparencia.
Por cierto, seguramente también habrán de hacerse reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que vayan acorde al nuevo modelo que se plantea, pero, sobre todo, en cuanto a las obligaciones de los servidores públicos en relación con los procedimientos de adquisiciones y obras públicas desde todos los sectores que las ejecutan.
Creo que otro punto importante será el de la existencia de indicadores y la posibilidad de que sean públicos, porque solo así se podría medir si las políticas están teniendo un efecto favorable y evitar que solo sea discurso, como en su momento lo fue la renovación moral.
¡ES CUANTO!
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