Veracruz | 2025-03-12
Y de pronto, en la Ciudad de México decidieron tomarse un respiro, hacer una pausa, en la presentación de los acuerdos para definir los candidatos de Morena a las alcaldías de Veracruz. *** ¿La causa? Las fuertes presiones que están recibiendo los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, pues en cada decisión confluyen -y chocan- los intereses de poderosos actores políticos. *** No sólo les llegó "la lista" de Rocío Nahle. Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Javier Herrera y el propio Andrés López Beltrán traían "otros datos". *** Esta misma semana (quizá este miércoles) deberán salir nuevos acuerdos, aplicando aquella regla no escrita que se aplicaba para los exámenes de conocimientos: "resuelve primero las preguntas sencillas y deja para el final aquellas en la que te atores". *** Lo primero que han entendido en la capital del país, es que en los municipios en los que ya se anunciaron a los que serán candidatos, no les ofrecieron ninguna alternativa a los descartados, lo que ha hecho crecer el descontento y puede generar un numeroso voto de castigo en el proceso electoral. *** De pronto hay quienes pierden de vista que son un partido político (por más que ellos se quieran presentar como "movimiento") y que tienen que abrir la baraja para que todas las expresiones al interior de Morena sean consideradas. *** De no hacerlo así, el declive de esa fuerza política llegará más pronto de lo calculado.
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Angélica Sánchez es una abogada ejemplar. Gracias a su esfuerzo personal y a su permanente capacitación, consiguió una posición como juez en el Poder Judicial de Veracruz, pero cometió el "desatino" de emitir una resolución en sentido contrario a los intereses del gobierno del estado.
En atención a la disposición de un juzgado de Distrito, Angélica Sánchez, en su papel de jueza de control, dispuso la liberación de Itiel Palacios, al que la Fiscalía de Veracruz capturó y quien en ese entonces fungía como "vocero", Cuitláhuac García, acusaba de formar parte de una organización criminal.
Le atribuyeron el sobrenombre de "Compa Playa" y le imputaron, primero, la autoría material del homicidio del diputado local Juan Carlos Molina. Más tarde, cuando se les agotaron los argumentos y no pudieron comprobar su participación en ese ilícito, en el momento en que abandonaba la prisión, lo volvieron a capturar y le acusaron de un doble homicidio ocurrido en Playa Vicente, de donde es originario.
Nuevo proceso, más irregularidades de la Fiscalía y un tribunal colegiado ordenó que la jueza Angélica Sánchez desestimara buena parte de los argumentos presentados por la Fiscalía y volviera a emitir una resolución. Sin mayores argumentos de la parte acusadora, la jueza dispuso que el detenido fuera puesto en libertad.
Fue en ese momento en el que se percató que se estaba dilatando el cumplimiento de su sentencia, con el evidente fin de dar a la Fiscalía de Veracruz el tiempo suficiente para armar una nueva carpeta contra el detenido y recapturarlo al momento de cumplir la orden de libertad.
Su reclamo tuvo consecuencias. La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, le reclamó su postura y le pidió explicaciones por haber tomado la decisión de liberar al detenido sin informarle a ella, lo que -por supuesto- no era su obligación.
De inmediato la magistrada tomó medidas en su contra. Le inició un proceso por "delitos contra la fe pública" y "tráfico de influencias", a la vez que se le abrió un expediente administrativo para sancionarla.
Angélica Sánchez recurrió al amparo para defenderse de acoso del que estaba siendo víctima, pero el juzgado de distrito le negó ese derecho.
Llevó su caso a una nueva instancia y ya obtuvo resultados.
Un Tribunal Colegiado revocó la sentencia mediante la cual se desechó su solicitud de amparo, por lo que el juez federal está obligado a analizar el caso a fondo.
Con esta resolución, el Juzgado de Distrito está obligado a admitir su demanda de amparo, lo que abre la posibilidad de que recupere su cargo en el Poder Judicial veracruzano.
En su demanda, Angélica Sánchez argumentó que la decisión del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz de concluir su adscripción carecía de sustento legal, señalando que en la resolución "no existe una certeza legal del supuesto acuerdo realizado en sesión extraordinaria de fecha 22 de junio de 2023", lo que vulneró sus derechos.
El Juzgado Decimoquinto de Distrito desechó inicialmente la demanda al considerar que el Consejo de la Judicatura no era una autoridad para efectos del amparo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado revocó esa decisión al determinar que los jueces no pueden ser considerados trabajadores bajo un esquema de subordinación laboral, lo que obliga a revisar si la separación del cargo de Sánchez se apegó a la ley.
Apenas la semana pasada, el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García subió un comentario a sus redes sociales en el que celebró la expulsión (no extradición) de Itiel Palacios a Estados Unidos y sostuvo que su administración tenía razón al considerarlo un narcotraficante.
"Finalmente, el tiempo nos dio la razón: Itiel Palacios, alias el 'Compa Playa', fue extraditado por ser un narcotraficante. Felicito a la fiscal Verónica Hernández Giadáns por haberse sostenido en las diversas imputaciones que hizo contra dicho delincuente, a pesar de que jueces federales y una jueza local (Angélica Sánchez) hicieron todo tipo de malabares judiciales para intentar liberar a dicho narcotraficante".
En efecto, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo ubicó (sin una sentencia que así lo confirmara) como un líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y lo incluyó en el "tributo" de 29 presuntos criminales que el gobierno de México envió, sin acuerdo alguno, sin respetar amparos vigentes, a Estados Unidos.
Itiel Palacios está hoy en manos de la justicia estadunidense; Cuitláhuac García vive refugiado en una oscura oficina del gobierno federal; Lisbeth Aurelia Jiménez inició desde su ventajosa posición, una campaña para reelegirse al frente del Poder Judicial, y Verónica Hernández cuenta sus últimos días al frente de la Fiscalía.
Es un buen momento para retomar el caso de Angélica Sánchez y que se exhiban los abusos cometidos desde el poder en Veracruz.
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La maestra Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), no cayó en el garlito. Fue abordada por la prensa en su visita al Congreso de Veracruz y cuestionada sobre el monto de su salario y si éste era superior al de la gobernadora. *** Con calma, sin perder en ningún momento la sonrisa, la auditora general les explicó que, en la asignación de salarios y bonos para el personal del Orfis, se ha actuado con legalidad y transparencia. Les aclaró que su salario no viola ningún marco normativo, pues el Orfis es un órgano autónomo y no pertenece a la administración pública estatal, sino que, emana del Artículo 116 Fracción II párrafo sexto de la Constitución federal, por lo que está sujeta a lo que dispone el Artículo 127 Fracción II de la Carta Magna, que señala que "ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República". *** Sin titubeos les dio a conocer que su salario mensual bruto es de 150 mil 158.52 pesos, que -advirtió- no es superior a lo que percibe Claudia Sheinbaum, cuya percepción bruta mensual es de 239 mil 793 pesos.
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