Veracruz | 2025-06-14
El ejercicio ciudadano de selección de jueces y magistrados en el estado de Veracruz —un modelo que pretende democratizar la administración de justicia y acercar la toma de decisiones judiciales a la ciudadanía— enfrenta hoy, más que nunca, un profundo escrutinio. La reciente caída del sistema informático encargado del cómputo de resultados irrumpió abruptamente la transparencia y certeza del proceso, generando inquietud legítima entre académicos, profesionales del Derecho y sociedad en general.
En los últimos años, la confianza pública en los procesos electorales, descansan en pilares inamovibles: transparencia, certeza, legalidad y máxima publicidad. En esta primera elección judicial, la interrupción del sistema de cómputo digital se convirtió en una vulneración directa a esos principios, resultando en la ausencia de resultados finales claros y verificables.
Si bien la autoridad electoral estatal y los órganos judiciales emitieron comunicados atribuyendo la interrupción a una supuesta "sobrecarga de usuarios, inconsistencias y mantenimiento imprevisto", la falta de información técnica puntual y de protocolos de contingencia sólidos ha abonado un terreno fértil para la especulación y las dudas sobre la legitimidad de los resultados.
Desde la perspectiva de la legalidad procesal, los incidentes en medios de cómputo generados por la tecnología tienen que ser previstos en la normativa electoral y judicial, ya que no sólo afectan la percepción de imparcialidad, sino también la posibilidad real de impugnación abierta y documentada. La cadena de custodia digital y la trazabilidad de los datos son elementos técnicos que deben acompañar cualquier elección moderna —aún más cuando se trata de elecciones para cargos judiciales, donde la ética y la independencia constitucional del Poder Judicial están en juego.
Además, ante la ausencia de resultados y certeza, la ciudadanía exige informes claros y auditorías exhaustivas lideradas por organismos autónomos, así como la participación de expertos en tecnología e integridad electoral.
Cuando se convoca a la ciudadanía a participar en la elección de sus jueces y magistrados, se suscribe, implícitamente, un contrato de confianza institucional; se cede, en ese acto participativo, parte de la soberanía y se asume la promesa de que su voluntad será respetada y registrada con pulcritud. Hoy, la ruptura de ese contrato, por fallas técnicas y falta de respuestas claras, amenaza con erosionar la participación futura y debilitar la legitimidad del proceso.
Más allá de los resultados, la verdadera prueba para Veracruz es ahora la reconstrucción de la certeza democrática. Implica corregir procedimientos, robustecer la infraestructura digital, garantizar auditorías independientes y, sobre todo, rendir cuentas claras ante la sociedad. Nos encontramos en un momento crucial donde los actores jurídicos, autoridades electorales y ciudadanía deben confluir para exigir y diseñar mecanismos que den certeza absoluta a los ejercicios de participación ciudadana.
La elección judicial veracruzana, trastocada por la caída de su cómputo digital, deja lecciones fundamentales para el Derecho y la participación ciudadana en contextos de alta exigencia democrática. Es indispensable que las instituciones adopten mínimos dables de transparencia tecnológica y legal para que la justicia no sólo sea un ideal, sino una realidad tangible y confiable. Solo así se podrá asegurar el mandato de certeza que exige, y con razón, una ciudadanía participativa y atenta.