Veracruz | 2024-06-25
Las versiones que comenzaron a surgir entre los pobladores de la zona conocida como Totalco, pero cuyo nombre es San Antonio Limón, en el municipio de Perote, de resultar cierto, son seriamente comprometedoras, delicadas y no deberían ser tomadas a la ligera.
Como dicen por ahí, “cuando el río suena es que agua lleva”. Y los señalamientos hechos por los afectados de este lugar, con poco más de 5 mil habitantes, y retomados por escasos medios de comunicación, se dirigen al diputado local, reelegido en las pasadas elecciones, Paúl Martínez Marié y su participación en el caso.
El legislador por el distrito IX con cabecera en Perote fue electo por primera vez en 2021 y ahora de nueva cuenta, el pasado 6 de junio para un segundo periodo. Fue alcalde de ese municipio, y ha sido activo miembro de Morena, su cercanía con el poder le ha permitido frenar algunas acciones, seguramente por el tráfico de influencias. Pero los señalamientos van más allá en el sentido que incluso podría haber sido quien pidió la irrupción de la fuerza pública.
La bomba estalló una vez que los inconformes acusaron que la empresa Granjas Carroll, que contradictoriamente genera beneficios con cientos de empleo en la cabecera y en varias comunidades, contamina los acuíferos de la zona, pero goza de protección del diputado.
Los habitantes de Totalco, ubicado a 13 kilómetros del centro de Perote, como se sabe, protestaron, y tras una presunta agresión de elementos policiacos el fin de semana, culminó con la muerte de dos hermanos.
Entre las denuncias estaba la contaminación por parte de la empresa de cría de porcinos, que se dedica a la venta de carne a nivel nacional y de exportación. Esa contaminación fue documentada desde hace dos años y se sometió a la empresa a sanciones respectivas.
Sin embargo, se tiene conocimiento que la ejecución de estas acciones estaba en manos de la Secretaría del Medio Ambiente, la cual no concretaba en su momento las verificaciones necesarias, por la intervención del diputado Martínez Marié.
Tras por lo menos dos años en los que no se procedía contra la industria, sospechosamente porque siempre el legislador encabezaba las reuniones mediadoras con la empresa, o porque simplemente solicitaba “atenciones” para la misma, intervino la Procuraduría del Medio Ambiente.
Precisamente este lunes, la dependencia emitió un comunicado para enumerar las acciones que ha emprendido contra la firma del sector pecuario, donde encontró daños al medio ambiente y aplicó sanciones.
“La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) siempre ha actuado conforme a derecho aplicando con firmeza la normatividad en materia de protección ambiental, tal como lo hizo con la transnacional Granjas Carroll la cual, por el inadecuado manejo de sus residuos especiales, fue sancionada con más de 4 millones de pesos, además de aplicarle diversas medidas de mitigación y remediación al medio ambiente”.
Y en otra parte del manifiesto emitido este lunes, señala:
“Por ello, recordó el funcionario estatal, el 07 de abril de 2022, la PMA realizó un Dictamen Técnico sobre la práctica inadecuada llevada a cabo por Granjas Carroll, lo que posteriormente permitió clausurar la empresa, lo cual les fue notificado en noviembre de 2022, tal y como lo marca el procedimiento administrativo amparado por la ley.
Tras la determinación de la PMA, Granjas Carroll rechazó la actuación de la Procuraduría y se amparó en el hoy extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, siendo hasta el 27 de febrero de 2023 que dicho Tribunal reconoció que los procedimientos de la PMA efectivamente fueron en actuación apegada a derecho, por lo que en marzo de 2023 nuevamente se entabló diálogo con Granjas Carroll para que atendiera las observaciones que se le realizaron en materia ambiental.”
A este amparo judicial por parte de la empresa se le suma el amparo del poder fáctico en este caso del diputado morenista que, trascendió entonces, era quien realmente estaba protegiendo con todo, y en una aferrada y obsesiva actitud, a la empresa para que no se le aplicaran las sanciones correspondientes antes de la intervención de la PMA.
La corrupta actuación del legislador hoy tiene un precio. Y quien irónicamente es integrante de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, además fue integrada por las diputadas Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Gisela López López.
Pero lejos de proteger al medio ambiente se dedicó a solapar a los contaminantes de los mantos freáticos en su distrito como sucedió con dicha empresa trasnacional. En lo que representa una acción criminal y deshonesta del diputado Martínez Marié.
Por su parte, el gobierno estatal anunció en las primeras horas de ayer, la disolución de la corporación Fuerza Civil, a la que se le acusa de ser principalmente la que incurrió en esta agresión con resultados violentos y funestos.
Pero si esto no es criminal, sí lo es, no proteger al medio ambiente ni cumplir con la tarea para la que fue electo y en cuya comisión se integró.