La atención a la violencia laboral contra las mujeres en México genera pérdidas por 245 mil millones de pesos anuales a las empresas, aseguró Yadira Hidalgo González, integrante de la consultoría Berkana, durante la plática informativa realizada en las instalaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la ciudad de Boca del Río.
A esta actividad que llevó por nombre ¿Cuál es el costo de no atender la violencia contra las mujeres en las empresas?, se destacó la presencia de la presidenta del Consejo de Administración del periódico Imagen de Veracruz, Mónica Robles Barajas, quien acudió como invitada especial.
La exdiputada local de Morena aseveró que la violencia no es exclusiva del sector empresarial, ya que se da en todos los sectores de la sociedad, por lo que se requieren acciones para erradicarla.
Recordó que incluso en el Congreso del Estado de Veracruz, se dan hechos de violencia, exponiendo algunos casos durante su periodo como legisladora.
“Es importante visibilizar el acoso y el hostigamiento, porque justamente alguien que de manera natural o como una forma de vida de relacionarse acosa y hostiga a mujeres, muy probablemente violente en su casa, muy probablemente puede llegar incluso a un grado de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, porque existe esta noción de superioridad en el control sobre las mujeres”.
En medio de mujeres empresarias de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, Robles Barajas hizo el llamado para que sean ellas las primeras interesadas en tratar este tipo de violencia en sus espacios laborales y no tratarlo como algo menor.
De acuerdo con Yadira Hidalgo, sólo el 13 por ciento de las mujeres que sufren este tipo de violencia en las empresas denuncian, por lo que la cifra puede ser mucho más alarmante.
Puntualizó que las repercusiones de este tipo de problemática que afecta en las empresas van desde la reducción de la productividad, ausentismo, rotación de personal, aumento de incapacidades, deficiente desempeño, pérdida de la calidad de vida, somatización del trauma, hasta problemas legales.
“Si hay una situación que está obstaculizando el desarrollo del 51 por ciento de la población mundial, este tiene que ser un problema atendido y no solo por las mujeres, por todas las personas, porque somos una parte muy importante de la población”, aseveró Hidalgo González.
Yadira Hidalgo señaló que las empresas deben tener conocimiento de las razones de genero, conocimiento actualizado del marco jurídico y la elaboración de un protocolo especializado con medidas preventivas inmediatas y restaurativas.
Por su parte, la maestra y abogada Martha Mendoza Parissi, integrante de la consultoría Berkana, informó que el conocimiento de las razones de género va incluido hasta en convenios internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Afirmó que esto aplica para la violencia y el acoso en el mundo laboral que ocurren durante el trabajo o en el lugar donde se paga a la persona trabajadora.
“Las repercusiones que tiene la violencia contra las mujeres, la violencia que le llamamos de género porque es eso contra las mujeres, ha sido un fenómeno y un problema que se ha estudiado y ha sido abordado en diversos ámbitos, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito local.
“Ese estudio y ese interés sobre todo por las repercusiones que tiene la violencia contra las mujeres en el sector empresarial ha generado una serie de normas, un marco jurídico muy importante para prevenirla, atenderla y sancionarla”.
Mendoza Parissi reiteró que el Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDA, por sus siglas en inglés), establece que el Estado mexicano tiene la obligación de tomar las medidas apropiadas para prevenir y eliminar la discriminación practicada por cualquier persona, organización o empresas.
Además de que la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo sanciona la realización de actos inmorales, la hostilidad hacia los demás y la agresión o acoso.
“Estas medidas establecen que el sector empresarial debe proteger, respetar, remediar todo lo que está relacionado con los Derechos Humanos”.
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