Veracruz, un estado en deuda con la seguridad vial

Veracruz se enfrenta a una crisis silenciosa en materia de seguridad vial. A nivel nacional, los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte entre infancias y personas de hasta 39 años, de acuerdo con Betel Ruiz, arquitecta y planificadora territorial que colabora con la Coalición de Movilidad Segura en Veracruz.

La especialista detalló que estos eventos no solo cobran vidas, sino que también generan graves impactos económicos, representando el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A pesar de ser problemas prevenibles, las cifras oficiales siguen siendo alarmantes, especialmente en municipios como Xalapa y Veracruz, que registran las más altas tasas de accidentes.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud actualizados hasta el 2022, en Veracruz se registraron ese año 496 defunciones por siniestros viales.  75 fueron peatones, 90 ocupantes de vehículos, 147 motociclistas y el resto no se especificó.

En el mismo año, se registraron en total 11 mil 614 siniestros viales y, además de los fallecimientos, hubo 4 mil 589 personas lesionadas que requirieron hospitalización.

En el municipio de Xalapa se registraron 2 mil 26 accidentes y 48 defunciones; en el puerto de Veracruz mil 650 accidentes sin víctimas mortales y en Coatzacoalcos 697 accidentes con 21 fallecimientos.

La estadística oficial también detalla que 89.7 por ciento de las defunciones registradas en este sentido ocurrieron en zonas urbanas y 10.3 por ciento en carreteras.

Rezagos en la legislación estatal agravan los problemas de seguridad vial en municipios veracruzanos.

Motociclistas y usuarios de transporte público más vulnerable

En Veracruz, los motociclistas destacan como los usuarios de la vía más afectados, un fenómeno impulsado por razones económicas que llevan a muchas familias a optar por este medio de transporte, agregó Betel Ruiz.

Sin embargo, la falta de capacitación y de equipamiento adecuado, como cascos de seguridad, exacerba el riesgo.

Además, los accidentes en transporte público también son preocupantes, con condiciones vehiculares deficientes y conductores sin capacitación adecuada, lo que pone en peligro a miles de usuarios diariamente.

Un ejemplo reciente de esta problemática ocurrió en la carretera Veracruz-Cardel, donde un camión de pasajeros impactó contra un tráiler estacionado, dejando un saldo trágico: una persona fallecida, un niño gravemente lesionado que sufrió la amputación de la pierna, una joven que lucha por su vida hasta ahora y decenas de heridos.

Propuestas para un cambio estructural

Ante este panorama, la Coalición de Movilidad Segura, una red nacional que Betel Ruiz explica que está formada de 97 organizaciones de la sociedad civil y especialistas, ha presentado un conjunto de propuestas para incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

Indicó que estas iniciativas buscan garantizar el derecho a la movilidad, reconocido en 2020 como un derecho constitucional en México.

Entre las peticiones clave de la coalición destacan:

• Reducir los siniestros viales mediante medidas integrales como calles y cruces seguros, control de velocidades y la implementación estricta de alcoholímetros.
• Actualizar el marco normativo para regular los vehículos motorizados y promover la formación de conductores responsables a través de capacitaciones rigurosas.
• Modernizar el transporte público, enfocándose en la seguridad, sostenibilidad y eficiencia de las flotillas.
• Proteger a las infancias, promoviendo el uso adecuado de sistemas de retención infantil y diseñando infraestructura segura para todos los usuarios de la vía.

Asimismo, proponen fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia, un aspecto crítico en casos de siniestros graves.

Motociclistas y usuarios de transporte público, los más vulnerables en el panorama vial de Veracruz.

Veracruz, un rezago preocupante

Pese a los avances nacionales, Veracruz es uno de los 11 estados que no han armonizado su legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, promulgada en 2022.

Esta ley establece la obligación de los tres niveles de gobierno de garantizar entornos viales seguros y sostenibles. La armonización debía completarse en 2024, pero el estado lleva más de un año de retraso.

Betel Ruiz, arquitecta y planificadora territorial que colabora con la Coalición de Movilidad Segura, destaca que la ausencia de especialistas en movilidad en los ámbitos estatal y municipal agrava el problema.

"Somos los mismos en todos los foros. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y descentralizar el conocimiento concentrado en la Ciudad de México", afirma.

Para enfrentar este rezago, la coalición ha desarrollado instrumentos como una guía para armonizar las leyes estatales y un machote en código abierto. Sin embargo, se requiere voluntad política y la colaboración de la sociedad civil para impulsar estos cambios.