El abogado penalista integrante del Movimiento por la Justicia, Tomás Mundo Arriasa, señaló que el Congreso de Veracruz realizará una simulación al votar la modificación al delito de Ultrajes a la Autoridad.
Después de que se informara que este domingo el dictamen será discutido en sesión extraordinaria, un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la inconstitucionalidad del delito, el abogado cuestionó el actuar de la Legislatura veracruzana.
“Pedirle al Congreso del Estado que se abstenga de llevar a cabo la sesión porque lo que pretenden es hacer una simulación de estar cumpliendo con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y, sobre todo, lo que pretenden es a toda costa impedir que más de dos mil veracruzanos inocentes salgan de prisión.
“Derogar no significa lo que están haciendo ellos porque quieren dejar el delito tal cual, quieren dejar a los presos tal cual. No sé si hay algo más que se esconda tras de todo esto, lo desconocemos”, enfatizó el abogado penalista.
En el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Veracruz los diputados determinan no derogar el artículo 371 argumentando la protección de los elementos de seguridad pública.
En su lugar, el documento determina la derogación de las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz.
Sin embargo, con la resolución de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de Ultrajes a la Autoridad, los acusados por este delito podrían obtener su libertad.
Tomando en cuenta este panorama, los abogados del Movimiento por la Justicia solicitarían al Congreso Local la creación de un fondo para la reparación del daño.
“Pedimos al Congreso que deje a la Suprema Corte que con imparcialidad resuelva este asunto y no con la simulación que pretende hacer el Congreso del Estado… Una vez hecho esto, el siguiente paso que nosotros vamos a seguir pugnando es que se cree desde el Congreso del Estado de Veracruz un fondo de reparación del daño a todas las víctimas de este delito.
“Una tercera petición va a consistir en que haya responsabilidades penales para los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía, del Poder Judicial, los peritos… que en todo este entramado institucional han creado una delincuencia institucionalizada”, especificó el abogado penalista.
/oh
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