Jorge acudió a un verificentro en Boca del Río para generar su ficha de pago y regresar dos días después con más tiempo para cumplir con su verificación, pero al regresar el lugar se encontraba cerrado por una clausura temporal que impuso la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema).
El usuario, que acudió al periódico Imagen de Veracruz para dar a conocer su inconformidad, relató que, aunque pudo conseguir que el propietario del verificientro le realizara el reembolso de su dinero, tuvo que esperar más de 15 días para poder regresar y llevar a cabo su trámite, ya que sus placas habían sido vinculadas a este establecimiento.
En ese transcurso, Jorge recorrió otros verificentros para tratar de realizar el trámite y asegura que se encontró con testimonios similares al suyo, así como quejas por las largas filas que se generaban por el cierre de ese y otros centros de verificación.
Al preguntar con trabajadores, le compartieron que en los últimos dos meses la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado, había iniciado una serie de clausuras en contra de verificentros por presuntamente incumplir con procedimientos administrativos, afectando tanto a los empleados de estos lugares como a los automovilistas.
Consultado sobre la queja del usuario, el concesionario de un centro de verificación, quien por temor a recibir represalias de parte de las autoridades estatales prefirió reservarse el nombre, se deslindó de las afectaciones que este tema ha traído a los usuarios, que deben de recorrer mayores distancias y perder mucho tiempo para cumplir con el trámite.
Explicó que el problema es generado por un mal desempeño de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), que, valiéndose de supuestas fallas administrativas, ha impuesto clausuras temporales a al menos 10 verificentros en diversos municipios del estado.
El concesionario explicó que en todos los casos se trata de fallas menores o que son errores generados por el mismo mecanismo notificador de la dependencia, y aunque se corrijan no se levanta la clausura temporal y en ocasiones hasta se extiende.
Del mismo modo, señaló que la Sedema no impone ningún tipo de sanción o multa, tampoco oportunidad para generar alguna inconformidad para apelar la imposición del cierre.
Lo anterior ha generado pérdidas económicas para los propietarios de los verificentros, que deben seguir cubriendo el pago de servicios y nómina aún sin generar ingresos y que se estiman en 60 mil pesos mensuales.
Del mismo modo, en algunos casos han optado por reducir hasta 30 por ciento la nómina y recurrir a despido de personal, por lo incosteable que resulta mantenerlos con el centro de verificación sin poder operar.
“Ha sido un completo problema porque la Sedema tiene una manera muy extraña de notificarnos por correo electrónico, para que vayamos recogiendo las notificaciones y son sorpresa tras sorpresa, ni siquiera nos hacen una llamada cautelar o una llamada preventiva para corregir dicho acto, ellos argumentan que encuentran ciertas cosas sin derecho de réplica y actúan en una medida drástica que son cierres temporales de los centros de verificación de 15, 30 y hasta 90 días”.
El concesionario responsabiliza de este acoso a los concesionarios y afectaciones a los usuarios a Teodoro Bravo Gabriel, jefe departamento, Adriana Reyes Toledo, jefa de contaminación y control ambiental de la Sedema y al titular de la dependencia Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente.
Apuntó que muchos de sus compañeros decidieron iniciar acciones legales por la vía administrativa y penal por estos abusos, que considera se realizan sin el conocimiento del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
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