El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, consideró que la denuncia pública realizada por empresarios de la entidad corresponde a un tema político.
Al referirse al presidente de Coparmex Xalapa como el que encabezó dicho comunicado, calificó como una denuncia sesgada y no institucional lo externado en dicho documento enviado al gobernador de Veracruz.
“Yo espero que este presidente de Coparmex reconsidere y se dé cuenta que representa un sector muy importante y que no pudiéramos estar penando solo contra el gobierno, contra la forma en que estamos trabajando porque lo estamos haciendo como lo marca la ley”, dijo en conferencia de prensa horas después de concluida la mañanera en Palacio Nacional.
Rodríguez Cortés aseguró que no existen procedimientos fuera de la ley en las sanciones que terminaron en multas económicas.
“Tenemos nuestro procedimiento basado en la ley 62 y cada una de las acciones que salen legales de parte de la procuraduría, tienen una orden de inspección que va firmada por mí. Desde que llegué he buscado que estas órdenes no se emitan al por mayor, que sean muy específicas”, mencionó.
Las leyes en que se basan las inspecciones de la PMA son: Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental y la Ley número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.
Ambas tienen sus efectos sancionadores, sin embargo, la más común en las multas aplicadas en el estado, es la 847, esta ley establece sanciones que van de mil UMAS, que son alrededor de 100 mil pesos, hasta las 80 mil UMAS, más de 8 millones de pesos.
Dijo que al no contar con el resolutivo en materia de Impacto Ambiental, no se aplica la mínima porque es el documento “madre”, por lo que la sanción debe ser una clausura directa porque no puede operar sin una evaluación ambiental.
El procurador de Medio Ambiente en el estado expuso a dos empresas como las que llevaron a este “extremo” la relación entre la iniciativa privada y la dependencia, una se dedica a la fabricación de metales no ferrosos, con la cual se llegó a una solución, pagó en septiembre pasado una multa por 363 mil pesos.
Otra se dedica a la compra–venta de cerveza, con la que no se ha llegado a un acuerdo.
“Son dos empresas los que el presidente de Coparmex (Xalapa) me ha planteado desde el mes de febrero y que no pudimos llegar a una conciliación y ha generado todo este asunto contra la procuraduría y sus declaraciones.
“No lo podía yo ayudar mucho al presidente de Coparmex porque ninguna de las dos tiene Manifiesto de Impacto Ambiental, ya olvídense de los otros documentos secundarios como el plan de manejo, el registro generador de las emisiones a la atmosfera”.
Sergio Rodríguez dijo estar dispuesto a que el presidente ordene de qué forma o qué mecanismos se utilizarán para revisar los procedimientos administrativos que hayan hecho en contra de alguno de las empresas.
“Yo soy el más interesado en que este tema se aclare. No tenemos ningún problema en que el presidente a través de la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría Estatal o quien defina el gobernador de Veracruz, pueda revisar estos 12 expedientes y todos los procedimientos que haya alguna duda, inconformidad con las decisiones y las resoluciones que se han puesto en la Procuraduría de Medio Ambiente”.
Sostuvo que todas las sanciones que se han emitido están respaldadas con la documentación.
“Lo que se nos puede acusar es de que hemos ejercido la ley y eso si lo puedo decir, a veces incomoda la forma en que hemos trabajado pero la instrucción de presidencia y del gobierno es muy clara, hoy tenemos que aplicar la ley ambiental”.
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