Claudia Medina fue torturada por marinos en Veracruz; 13 años después Semar se disculpa

En la penumbra de la madrugada del 7 de agosto de 2012, la vida de Claudia Medina Tamariz, una madre veracruzana de 33 años, se quebró.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) irrumpieron en su hogar en el puerto de Veracruz, la arrancaron de su familia y la sumieron en un abismo de tortura, humillación y falsas acusaciones que la mantuvieron privada de la libertad, acusada de un delito que no cometió.

Trece años después, un fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa obligó a la Secretaría de Marina a emitir una disculpa pública, un reconocimiento histórico de las graves violaciones a los derechos humanos que Claudia sufrió.

Su caso, acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), no solo destapa las heridas de una mujer, sino las de un sistema que fabricó culpables para maquillar la inseguridad en Veracruz.

El Centro Pordh describe el caso de Claudia como un ejemplo de la forma en la que el gobierno de Javier Duarte –hoy sentenciado en el reclusorio Norte de la CDMX- y el entonces gobierno federal, desarrollaron una estrategia para fabricar culpables y maquillar los altos índices de inseguridad.

Claudia vivió el infierno

Claudia tenía 32 años cuando fue acusada de formar parte del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Madre de tres hijos, esposa de Isaías Flores Pineda, en ese entonces, se dedicaba a venta de suplementos alimenticios de Herbalife, había renunciado a un empleo mal pagado en el Ministerio Público.

La madrigada del 7 de agosto del 2012, entre las 3:00 y 4:00 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en su domicilio por la fuerza mientras dormía, lo único que informaron es que buscaban a "Edgar", en ningún momento presentaron una orden judicial. Claudia, en pijama y descalza, fue vendada, golpeada y llevada junto a su esposo a una base naval de Las Bajadas.

Durante 36 horas, enfrentó un infierno. En la base naval, con música estridente de fondo, fue sometida a descargas eléctricas, asfixia con agua y salsa picante, y tortura sexual.

Le introdujeron los dedos en la vagina, amenazaron con violarla con un tubo y la humillaron obligándola a lavar ropa sucia y a bañarse desnuda bajo vigilancia.

"Gordita, mira cómo estás, te voy a soplar", le dijo un marino mientras le bajaba la blusa.

Las amenazas culminaron cuando le advirtieron que irían por sus hijos si no confesaba. Desesperada, Claudia firmó una declaración que la inculpaba como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin saber su contenido.

Montaje mediático

El 8 de agosto, a las 18:30 horas, Claudia y su esposo, junto a otras cinco personas, fueron presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y exhibidos ante los medios como líderes del CJNG. En un montaje mediático, se les acusó de poseer drogas, granadas y armas, objetos que Claudia nunca había visto. Los titulares de prensa, basados en una versión falsa de la Marina, hablaron de una "persecución quirúrgica" tras una denuncia anónima, asegurando que Claudia e Isaías intentaron huir en un vehículo. La realidad era otra: fueron sacados de su casa, torturados y obligados a autoinculparse.

En la Procuraduría General de la República (PGR) –hoy Fiscalía General de la República-, una médica legista ignoró las quemaduras y golpes en muslos y piernas de Claudia, registrando solo una "escoriación" y a pesar de que ella le confesó la tortura y abusos de las que fue víctima.

El personal de la PGE le negó un abogado y una llamada telefónica, y le insistieron que "ya sabían" que era jefa de un cártel.

Claudia fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Cieneguillas, Zacatecas, mientras su esposo fue enviado al Cefereso Oriente 5 en Villa Aldama, Veracruz.

Denuncia abusos

El 12 de agosto, bajo la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/III/587/2012, fue consignada por portación de arma de fuego exclusiva, posesión de cartuchos y delitos contra la salud. El 19 de agosto, el Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz dictó auto de formal prisión.

Sin embargo, el 21 de agosto, un juzgado en Zacatecas le otorgó libertad provisional bajo una caución de 54,726.40 pesos.

El calvario no terminó. En octubre de 2012, Claudia interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, un mes después, buscó el apoyo del Centro Prodh y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

En 2013, un nuevo peritaje bajo el Protocolo de Estambul confirmó secuelas de tortura: ansiedad grave, depresión moderada y trastornos psicológicos compatibles con su relato.

A pesar de esto, en febrero de 2014, el Ministerio Público de Veracruz la acusó nuevamente por delincuencia organizada, esta vez por el supuesto uso de vehículos robados, una imputación basada en los mismos hechos fabricados de 2012.

El Centro Prodh interpuso un amparo contra esta revictimización. El 5 de mayo de 2014, el caso de Claudia se hizo público gracias a una campaña contra la tortura sexual, respaldada por las mujeres de Atenco, Amnistía Internacional y otras organizaciones.

La presión rindió frutos. En octubre de 2014, el Juzgado Cuarto de Distrito en Veracruz otorgó un amparo, declarando que no había pruebas de delincuencia organizada.

En febrero de 2015, el Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito revocó la acusación por portación de arma, ordenando su libertad inmediata.

Finalmente, el fallo de 2025 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa acreditó la detención arbitraria, la tortura física, sexual y psicológica, y las falsas imputaciones, obligando a la Marina a disculparse.

Secretaría de Marina reconoce tortura de Claudia

En su comunicado, la Semar reconoció haber privado ilegalmente de la libertad a Claudia, torturarla gravemente y criminalizarla en los medios, vulnerando su reputación.

"Rechazamos enérgicamente el actuar del personal naval, inaceptable y contrario a los valores de esta institución", afirmó, comprometiéndose a colaborar con la justicia y desmentir la información que la estigmatizó.

Sin embargo, para Claudia, las palabras no borran las cicatrices. La tortura le dejó insomnio, ansiedad y miedo a la autoridad.

Su salud se deterioró, requiriendo una cirugía menor que postergó por vergüenza. Su negocio colapsó, y sus hijos, adolescentes, enfrentan carencias económicas y emocionales, con un rendimiento escolar afectado y sueños truncados.

Fabricación de culpables, conducta sistemática con Calderón y Duarte

El caso de Claudia no es aislado. Según el dossier del Centro Prodh, la militarización en Veracruz, impulsada por el operativo "Veracruz Seguro" de 2011, disparó las violaciones a derechos humanos.

La CNDH reportó 1,511 quejas contra la Semar entre 2006 y 2013, con un aumento del 2,000% en cinco años. En dicho período, gobernaba Veracruz el priista, Javier Duarte de Ochoa, y era presidente de la República, el panista Felipe Calderón Hinojosa, autor de la "guerra contra el narco".

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que la tortura, especialmente sexual, es un patrón sistemático en México, usado para fabricar culpables en el combate al crimen organizado.

El Comité Cedaw de la ONU expresó en 2012 su preocupación por la violencia de género, incluyendo torturas y desapariciones forzadas, perpetradas por agentes estatales.

Claudia Medina, hoy de 44 años, no es la misma. La mujer alegre y confiada que organizaba fiestas y soñaba con un futuro para sus hijos se transformó en alguien que teme a los juzgados y a los marinos. Sin embargo, tras sobrevivir a la tortura, lucha para que no se repita nunca más un caso como el suyo.