La tardía publicación de la alerta de género por agravio comparado en Veracruz, que obliga al estado a despenalizar el aborto, es pura simulación sin deseo de cumplir las medidas para proteger a féminas violentadas que quieren interrumpir su embarazo, pero se presionará al ejecutivo estatal.
Norma Riego Azuara, integrante del Frente Veracruzano por los Derechos y la Vida de las Mujeres, acusó lo anterior y advirtió que las activistas no permitirán más omisiones y de ser necesario llevarían a juicio político al ejecutivo estatal.
El miércoles 25 de julio de 2018 en la Gaceta Oficial del estado se publicó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Agravio Comparado, para el Estado de Veracruz.
Hay que recordar que la primera alerta la había declarado desde el 13 diciembre del 2017 la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el estado de Veracruz.
“Persiste en la entidad la situación de agravio comparado, identificada por el grupo de trabajo en su informe, relacionada con las restricciones a los derechos humanos de las mujeres, que contempla el Código Penal del Estado de Veracruz, en sus artículos 149, 150 y 154, y la falta de implementación adecuada de la NOM 046”, fue la conclusión.
Se emitió a finales del 2017 porque tras 6 meses de investigaciones el grupo de trabajo encargado de ese tema concluyó que la entidad incumplió la recomendación para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia mediante la despenalización del aborto.
La activista resaltó que el gobierno del estado se vio obligado a publicar esa alerta a la que se oponen los grupos conservadores
“Persiste en la entidad la situación de agravio comparado, identificada por el grupo de trabajo en su informe, relacionada con las restricciones a los derechos humanos de las mujeres, que contempla el Código Penal del Estado de Veracruz, en sus artículos 149, 150 y 154, y la falta de implementación adecuada de la NOM 046”, fue la conclusión.
SIMULACRO
La integrante del Frente Veracruzano por los Derechos y la Vida de las Mujeres acusó que Miguel Ángel Yunes Linares se “amarró el dedo” para no ser sancionado por incumplir la alerta, pero alertó que no irá a los hechos ni permitirá que hospitales del Sector Salud en la entidad interrumpan los embarazos de féminas violadas.
“El Congreso del Estado no está en disposición de hacer ajustes ni modificaciones constitucionales que se requieren. Ellos están en una estrategia equivocada e incongruente, porque si no van a hacer nada, para qué publican esa ley.
“Estarían simulando, no estarían asumiendo su responsabilidad, estarían incurriendo en errores de omisión que serían faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y estarían infringiendo la ley. Se les podría fincar irresponsabilidad; por eso hablábamos de juicio político”, subrayó Riego Azuara.
Afirmó que el gobierno estatal saliente intenta ganar tiempo de aquí al 30 de noviembre, para no ayudar a las mujeres que desean interrumpir sus embarazos, aunque con ello incumpla la responsabilidad constitucional que les corresponde.
Refutó a quienes advierten que hacer abortos de muchas mujeres podría colapsar al sistema de salud, pues aclaró que eso no es costoso económicamente para el Sector Salud del estado.
Aclaró que no hay complicaciones, que los procedimientos son muy sencillos y se cumpliría con la norma NOM 046.
“Son especulaciones, opiniones de gente que no tiene fundamentos, que habla sin argumentos; no tienen ningún tipo de argumento, ni científico, ni social ni jurídico, porque son poses moralistas que están tratando de indicar lo que el otro tiene que hacer”, señaló.
La activista advirtió que el gobierno estatal saliente no podrá navegar “de a muertito” los 4 meses que le quedan y deberá sentar condiciones y adecuar infraestructura en los hospitales para atender a mujeres violadas que deseen interrumpir su embarazo. No hacerlo sería incumplir con la alerta de género.
Aclaró que haber publicado la alerta de género no exime a este gobierno de su responsabilidad por lo que no cumplió en tiempo y forma, pues dispuso de 6 meses y no hizo nada pese a que ya estaban diseñados los proyectos en la materia.
“Todas las muertes, todas las violaciones, todas las cuestiones que han pasado con esas niñas, los 400 embarazos que se dieron de niñas menores de 16 años son su responsabilidad porque no aplicaron la alerta de género en su momento”, advirtió Riego Azuara.
-¿Ya le dejan la tarea al gobernador que viene, a Cuitláhuac García?
“Eso quisieran, pero nosotros vamos a ver que eso no suceda. Seguiremos presionando para que ya se apliquen, se establezcan las medidas en hospitales. Seguimos insistiendo a través de protestas y los grupos, haciendo recomendaciones”, dijo.
Hizo hincapié en que el gobierno está obligado por ley a atender a mujeres con embarazos no deseados, víctimas de violación, para que interrumpan su embarazo, aunque protesten los moralistas, porque no es una cuestión de moral, sino de ley, y el que no la cumpla tendrá consecuencias legales.
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