Rezago en expedientes de Veracruz continua este primer mes del 2021

La justicia en Veracruz continúa siendo afectada por suspensión de actividades del Poder Judicial y no se descarta que más expedientes se rezaguen en este primer mes de 2021. 

Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, recordó que como parte de la alerta preventiva por Covid-19 los días jueves 14 y viernes 15 de enero suspendieron nuevamente actividades y eso atrasó de nueva cuenta los procesos. 

"Esto efectivamente trae una parálisis en el sector de la impartición de justicia, en las materias civil, familiar, mercantil e incluso penal, porque nadie colaboró durante esos días, haciendo la excepción con respecto a alguna persona que se encuentre detenida y puesta a disposición de un juez de control, para determinar su situación jurídica, donde se le vincula a proceso o no, al no haber juzgados de guardia, para poder resolver esa parte de la impartición de justicia". 

Recordó que los litigantes también enfrentan complicaciones, pues no han podido trabajar adecuadamente en varios meses.

Se dijo preocupado porque el estado regrese a las restricciones del año pasado y nuevamente se detenga la actividad.

“Nos preocupa, porque esto da pauta a que pueda ocurrir lo que sucedió aquel 17 de marzo del año 2020, hasta mediados de septiembre, donde se vuelven a abrir las actividades de impartición de justicia, tanto en el Poder Judicial del Estado, como en las Juntas de Conciliación de la entidad y en este caso el Poder Judicial de la Federación, que hay una restricción donde se pueden presentar únicamente escritos, sin embargo, no podemos nosotros ver los expedientes hasta este lunes donde se va a determinar si continúa esta restricción o en su caso, se hace la reapertura". 

Las audiencias previstas para jueves y viernes serán reprogramadas al igual que las citas para la consulta de expedientes. 

El abogado dijo que urge la aprobación de una partida presupuestal para el Poder Judicial del Estado, a fin de que pueda realizar la contratación de una empresa, que se encargue de la digitalización de los 21 distritos judiciales.