Habitantes del fraccionamiento Punta Tiburón, en el municipio de Alvarado, sufren desabasto de agua potable porque el proveedor no es una empresa como las que operan en Veracruz y en Boca del Río, sino el dueño o dueños de un pozo, sin atribución legal para vender el líquido.
El abogado David Ezequiel Hernández Rojas, presidente de la Asociación de Abogados Especialistas en Materia Familiar, A C. y habitante de ese fraccionamiento, solicitó públicamente la intervención de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), pues dijo que el actual proveedor opera en el limbo, sin un permiso específico para vender y cobrar el líquido y sin extender recibos ni facturas.
Solicitó además la acción de la Comisión Nacional del Agua, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Veracruz; así como del ayuntamiento de Alvarado.
Dijo que en Punta Tiburón se instituyó un organismo operador de agua, sin cumplir las formalidades legales.
"Es un organismo apócrifo de agua, una S.A. de C.V. que no está ligada a ninguna concesión y está realizando cobros millonarios a los condóminos, cobros que parten desde 50 mil pesos y llegan hasta los 230 mil pesos mensuales", señaló Hernández Rojas.
Dejó en claro que todas sus afirmaciones están documentadas con recibos de los que entrega el propio organismo.
"Ellos piratearon unos recibos de agua del Grupo MAS, les cambiaron el formato y los recibos no traen RFC, no traen ningún desglose como es, y el QR lo traen borrado porque en algún momento sí traen QR, pero este QR ya está invalidado porque entrabas, y entrabas a un QR del Grupo MAS: o sea, este QR está invalidado porque entrabas a Grupo MAS".
"El problema es, como no tienen la concesión, sus tarifas de agua no pasan por el Congreso del Estado; qué quiere decir, que ellos pueden cobrar el agua en lo que quieran y en el momento que quieran. Segundo, la calidad del agua es pésima, los condóminos nos han enseñado cómo mancha la ropa, no se puede consumir el agua, hay días que huele muy feo el agua y la verdad es que nadie puede supervisar eso porque el organismo no está ligado a ninguna concesión", señaló Hernández Rojas.
Afirmó que ese organismo obtuvo la concesión como pozo con un nombre que no es el del verdadero dueño, para no sufrir afectación, conforme al Artículo 19, que establece que el uso inadecuado de un pozo de explotación amerita una multa por 1500 a 2500 UMA y pueden cerrar temporalmente el pozo.
Añadió que el Ayuntamiento de Alvarado les ha comunicado que no ha entregado ninguna concesión.
"Entonces Punta Tiburón no puede vender agua, simplemente no puede", puntualizó el abogado Hernández Rojas.
Reiteró la solicitud al gobierno estatal para que las diversas autoridades tomen cartas en el asunto porque "se están cometiendo actos constitutivos de delito".
Dijo que hay más de 800 familias afectadas por esa situación y que todas estuvieron de acuerdo en la denuncia pública.
Acusó que él ya ha sido amenazado 2 veces porque está golpeando intereses millonarios.
"Me hablaron en una ocasión para decirme que me calmara, que, si quería, yo pusiera a varias personas para que les pagaran el agua, y posteriormente me hicieron una amenaza de muerte, para que me calmara".
"No nos vamos a dejar cobrar por un organismo que no puede ser regulado", aseveró Hernández Rojas.
Recalcó que se hacen llamar Organismo Operador de Agua de Punta Tiburón, que en realidad es una S.A. de C.V. que no está ligada a ninguna concesión.
Dijo que los inconformes están iniciando procesos legales y recordó que se propuso al fraccionador cobrar por el mantenimiento de la tubería, porque no puede vender el agua.
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