Reabren caso de empresario veracruzano sentenciado a 8 años de prisión en EdoMex

Luego de semanas de insistir, protestantes de Jesús Carranza plantados a las afueras de tribunales y de instancias de procuración de justicia, fueron recibidos por la Fiscalía General del Estado de México y reabrirán la investigación del empresario veracruzano Jhovani Aguirre Benítez.

La presión social ejercida por amigos, familiares y trabajadores del sentenciado a 8 años de prisión, rindió sus frutos y fueron recibidos por personal de la procuración social que se comprometió a investigar los abusos e irregularidades denunciados en su caso.

Luego de plantarse con sus autobuses en la fachada de las instalaciones, Jesús Correa abogado del imputado, confirmó que fueron recibidos por una comitiva de la Fiscalía para entablar el diálogo.

Entre los presentes se encontraban Humberto Garduño García, coordinador de Ministerios Públicos; Julio Guillermo Ortiz, subdirector de Enlace Interinstitucional; María Teresa Jardón Nava, directora General de Gobierno Región Lerma.

Así mismo Manuel Alejandro Aldama Ledezma, visitador adjunto especializado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Alfredo Ramos García, director de Enlace Interinstitucional; Martín Suárez Barrera, director General de Gobierno del Estado de México; así como Eduardo S. García Flores, Jefe del Departamento de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

Tras la reunión que duró cerca de dos horas, los funcionarios de la Fiscalía mexiquense se comprometieron a revisar los expedientes integrados contra Aguirre Benítez, su hermano Fermín y su esposa Yuridia Gallardo por los delitos de robo, trata de personas y secuestro.

Los defensores del empresario señalaron que durante todo este tiempo no han dejado de recibir amenazas del Cártel de los Sánchez Sánchez quienes presuntamente participaron en la fabricación de los delitos en su contra por negarse a participar con ellos.

La fiscalía se comprometió a que en una semana habrán de volver a reunirse con ellos para verificar los acuerdos establecidos en torno a las irregularidades que supuestamente se dieron desde su detención y durante todo el proceso penal.

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