Un total de 137 empleados sindicalizados de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) fueron impedidos a ingresar a su centro de trabajo, presuntamente por órdenes del titular de la dependencia, Ángel Carrizales López.
Ante esta situación, los trabajadores se manifestaron nuevamente afuera de las instalaciones de la PMA, ubicadas en el fraccionamiento Virginia del municipio de Boca del Río, para exigir una respuesta por parte del procurador.
Héctor Palestino Andrade, secretario general del sindicato de empleados de la PMA, denunció que la dependencia ha desconocido al sindicato que formalmente se constituyó en 2021.
"Nos están negando el acceso a las instalaciones por indicaciones del procurador. Nosotros lo único que queremos es trabajar y que nos respeten los acuerdos que tenemos. Hasta ahora, habíamos mantenido diálogo, pero ya se rompió. Espero que el procurador recomponga la situación, porque son 137 compañeros, incluyendo personal del Acuario, que tampoco pudieron ingresar a laborar", declaró.
Palestino Andrade también señaló que el pasado 29 de enero, presunto personal de la Secretaría del Trabajo intentó presionar a algunos trabajadores para que renunciaran al sindicato, una situación que, según el procurador, desconocía.
También, explicó que el 31 de enero sostuvieron una reunión con Carrizales López para tratar de llegar a un acuerdo. En esta mesa de diálogo, el funcionario reconoció la existencia del sindicato y se firmó una minuta.
Sin embargo, el conflicto se agudizó cuando el procurador exigió que en las negociaciones participara una persona que, días antes, presuntamente habría intentado coaccionar a los empleados para abandonar el sindicato. Ante la negativa de los sindicalizados de aceptar esa condición, el titular de la PMA rompió el diálogo y declaró la rescisión del contrato de todos los empleados afiliados.
"Como yo le dije que me permitiera y que entrara uno de los abogados o uno de los asesores jurídicos, me dijo que no, que solamente él, entonces dije que yo no podía sentarme en una mesa con una persona que dos días antes estuvo coaccionando la renuncia al sindicato. Se molestó el procurador, se pararon en la mesa y me dijo que desde ese momento rompía todo lazo laboral con el sindicato y que todos estaban despedidos", afirmó Palestino Andrade.
El dirigente sindical informó que algunos trabajadores afectados llevaban más de seis años laborando en la dependencia y que el último pago que recibieron fue el 31 de enero. A partir de entonces, les fue impedido el acceso a las oficinas.
Por ello, solicitarán la intervención de la gobernadora del estado Rocío Nahle García, para que se les permita regresar a sus funciones.
"Nosotros estamos a la espera de seguir los diálogos, platicar con él y que respete el sindicato. Sobre todo, que nos deje trabajar, que es lo que queremos hacer, trabajar. No venimos a ponernos un modo altanero como él piensa, que el sindicato es para que la gente venga a echar la flojera. Venimos a trabajar, queremos trabajar y que nos permita trabajar y demostrarle que la gente quiere trabajar", concluyó.
Finalmente, puntualizaron que ellos desconocen el por qué la PMA están actuando de esta manera y el cuál fue la indicación para desconocer al sindicato de trabajadores. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido una postura oficial sobre este conflicto laboral.
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