Prodeagua, un elefante blanco que no garantiza defensa de los usuarios: diputada

La Procuraduría para la Defensa de los Usuarios del Agua es un elefante blanco, que solo genera mayor burocracia y no resuelve las demandas de los ciudadanos en Veracruz, señaló Rosa María Hernández Espejo, diputada federal de Morena.

En su visita al Corporativo IMAGEN, dijo que más que una auditoría al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) debería retirarse la concesión.

Y es que tan solo la Procuraduría de la Defensa del Consumidor recibió 4 mil quejas de los usuarios.

Aunado a ello persisten altas tarifas, mala calidad del elemento, falta de inversiones en infraestructura, desabasto, entre otros.

Una auditoría a Grupo MAS sí ayuda, pero lo que realmente se está pidiendo es que se le revoque la concesión. Hay suficientes elementos que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipio Libre se le puede revocar la concesión. Hay quejas razonadas de los usuarios. Están bien documentadas esas quejas entonces el ayuntamiento debería iniciar la revocación”.

Recordó que la empresa se comprometió a invertir cada año en obras, pero no lo hizo, por tal motivo el drenaje y alcantarillado es deficiente.

Tampoco ampliaron la red de agua potable ni sanearon o repararon las plantas de tratamiento.

Si bien es cierto que la concesión la otorgó otro presidente municipal, es la institución la que debe dar la cara, explicó.

“Los diputados locales de ese grupo político salen a defender a la empresa y dicen que si se le revoca hay que indemnizarlos con miles de millones de pesos, pero deberían defender a la ciudadanía. Si se comprueban esas quejas razonadas se les debe revocar la concesión. Donde está el dinero de la concesión, fueron miles de millones de pesos”.

El Instituto Metropolitano del Agua igual que la Procuraduría para la Defensa de los Usuarios del Agua se crearon para diseminar las responsabilidades del Grupo MAS, acusó.  

El fin del IMA era ser enlace con la empresa, pero lo paga el ayuntamiento y no actúa.

Incluso se queda con el 2 por ciento que se cobra a los usuarios para reforestar el Pico de Orizaba.

Parquímetros

Antes de continuar con los parquímetros y que estos sean administrados por el ayuntamiento, se necesita efectuar una consulta pública, señaló Hernández Espejo.

De esta manera se conocerá que piensa el automovilista, pues no se descarta que con el término de la concesión de la empresa Zeus Monitoreo Vial aumenten el número de estacionómetros, el precio por hora y el costo de las multas.

Aunado a ello los aparatos actuales son obsoletos y la compra de nuevos implicará una alta inversión.

Hay que saber qué es lo que quiere la gente. En algunas calles sí se justifica el parquímetro, pero hay zonas donde la gente necesita el espacio sin cobro. Lo que tenemos que exigir es que nos informe y luego que va a pasar. Hay máquinas que no funcionan, pero sí te aplican el inmovilizador. Hay zonas donde ya no se ve la delimitación y te multan por pasarte. Eso lastima al ciudadano”.

A su parecer el ayuntamiento no garantizará transparencia en el manejo de los recursos, incluso la conformación de un nuevo fideicomiso constituirá solamente una caja chica.

Son cerca de 30 millones de pesos al año que se generan por el uso de los parquímetros.

“La primera pregunta a los ciudadanos debe ser si quieren que continúen los parquímetros. La segunda en que zona y luego, quien los debe administrar”.

A su parecer las decisiones importantes deben ser consultadas con los ciudadanos.

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