Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se unirán para evitar que jueces sigan autorizando amparos en Veracruz

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se unirán para evitar que jueces continúen autorizando amparos para dejar en libertad a presuntos delincuentes en el estado de Veracruz.

A través de una conferencia de prensa, los representantes de los tres poderes en Veracruz, denunciaron la presunta protección a delincuentes por parte de jueces federales, a través de “amparos chuecos”.

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que la actuación de los jueces es dudosa y solo vulnera los derechos de las víctimas, ignorando el dolor de sus familias.

Indicó que los argumentos jurídicos desconocen los principios básicos de la ley sobre todo en relegar la justicia, lamentando que en las últimas tres semanas los jueces otorgaron la libertad de 33 personas vinculadas a proceso, de las cuales 21 fueron aprehendidas por homicidio, pederastia, secuestro y violación.

“El caso de la jueza Angélica N no es ni el primero ni el único; quizá sí, uno en el que los lazos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación quedan muy claros y al descubierto”.

La fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, también exhibió a jueces federales que están pervirtiendo la ley a favor de los presuntos delincuentes.

Puntualizó que en la trilogía investigadora no se le permite defender la prisión justificada para los delitos que son graves y otros que no son graves, pero que implican un riesgo para la víctima que se lleven en libertad.

“Los jueces federales en sus determinaciones requieren al Juez de Control para que lleve a cabo una resolución en audiencia sin darle el uso de la voz a la Fiscalía Lo obliga a que dicte cualquier otra medida que no sea la prisión oficiosa o justificada, y a veces ni siquiera la domiciliaria”.

Asimismo, negó lo publicado en algunos medios de comunicación que señalan que “la Fiscalía General de Veracruz no pudo argumentar las bases para mantener la prisión de los detenidos”.

Por otra parte, la presidenta de la LXVI Legislatura local, diputada Margarita Corro Mendoza, consideró que los juzgadores obedecen a la oligarquía que los nombró y se enriquecen sin pudor alguno, siendo la gota que derramó el vaso la liberación de una jueza que protegió a un peligroso delincuente.

Mientras que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo no coincidir con las resoluciones del Poder Judicial federal, pues sus autoridades facilitan la evasión y sustracción de la justicia a los investigados, sin tomar en cuenta el impacto de regresar a las calles a quienes representan un riesgo inminente para la seguridad de la población.

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