Miles de pensionados del gobierno estatal demandan se esclarezca el uso de recursos por préstamos desde el año 2009, y que son de más de 32 mil jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, informó Rodolfo Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz, A.C.
Dijo que personal retirado de Tuxpan, Xalapa y Veracruz está preocupado y demanda que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial esclarezcan el caso "por la sustracción de fondos del IPE y por no hacer justicia por los compañeros que fueron violentamente desalojados del plantón que tenían en el año 2015.
"El fiscal alega que no tiene los documentos, que no se los ha dado el IPE y que no se los ha dado Sefiplan para comprobar que el dinero que salió del IPE regresó legal y bancariamente comprobado”.
"Pero la Fiscalía ha omitido que tiene medidas de apremio para presionarlos a que entreguen, y se dedica a decir que no le han dado”.
"Nosotros hemos tomado 2 indicios nada más: uno, de un supuesto préstamo que hizo el IPE al Gobierno del Estado por más de mil 600 millones de pesos, más intereses del 9 por ciento en el año 2009; y ese dinero en vez de capitalizarse y reproducirse, ya no sabemos en dónde quedó", subrayó Suárez Castellanos.
Mencionó que la directora del IPE ha entregado fotocopias de recibos de caja, pero aclaró que eso no es un documento probatorio de entrada de dinero.
El representante de los jubilados y pensionados inconformes remarcó que lo que cuenta como entrada de dinero son los comprobantes de dinero a la cuenta correspondiente, no las palabras.
"Hay una protección muy grande, por lo que vemos. Estamos estudiando qué hacer, porque salir a la calle ya no funciona; ir a la Mañanera tampoco funciona; estamos estudiando qué paso procede, si hay una instancia superior a la que tengamos que acudir, porque aquí hay recursos federales en juego, y tiene que rastrearse adónde van a parar”.
Son 2 mil 800 millones de pesos, por lo pronto, pero hay otros. El Orfis, por ejemplo, puso 2 denuncias por faltantes.
"Queremos ver si hay una instancia superior, porque aquí en el estado ya está agotado todo; no podemos contra una fiscal a la que le quedan 4 años y quiere seguir dando el mismo trato", señaló el representante de jubilados del magisterio estatal.
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