Carmen Márquez, víctima y sobreviviente de violencia ácida, lamenta que luego de 4 años de haber sufrido tal ataque, las autoridades de la Fiscalía General del Estado ni siquiera hayan llamado a su agresor, quien está plenamente identificado.
Carmen Márquez tenía 36 años cuando ocurrieron los hechos. Luego de que saliera del trabajo fue sorprendida por su agresor quien al llegar a su domicilio le aventó el ácido.
Acusó que su ex pareja, quien la roció con sosa cáustica, está libre, debido a que uno de sus familiares lo protege desde el Poder Judicial.
“No hay nada, ni siquiera han hecho los peritajes correspondientes. Básicamente, a mi me deja pensar que hay conflicto de intereses hacia otras personas”, dijo Carmen Márquez.
A partir de ese momento la vida de Carmen y la de sus dos hijos cambiaron, pues tuvieron que mudarse para encabezar una lucha social a favor de las personas que son víctimas de sustancias químicas o corrosivas.
“De nada sirve que nosotros vayamos con las autoridades porque nos sentimos amenazadas, intimidadas, lo único que hacen es minimizar nuestros casos, para nosotros la justicia es una utopía todavía porque nosotros seguimos creyendo en la justicia y la justicia no nos respalda, nos está dejando solas, nos está dejando morir”, señaló Carmen Márquez.
La sosa cáustica lesionó sus manos y cara, parte del corrosivo le cayó en sus ojos y casi de por vida tiene que usar lentes especiales. Lleva más de 15 cirugías para tratar de aminorar su daño físico y aunque cuenta con Seguro Social, hay gastos que ha tenido que llevar por su cuenta o a través de donaciones.
En el país, Carmen es una de las 47 víctimas que han sobrevivido a este tipo de violencia, donde ninguna de ella ha tenido justicia.
“Yo me siento con la responsabilidad, yo me siento con ese compromiso de que sepan, que si gritamos entre dos, entre tres, entre cuatro, nuestra voz se va a escuchar y entiendan la gravedad”, concluyó.
El Congreso local de Veracruz recién aprobó el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, ambos ordenamientos del estado de Veracruz, para tipificar como delito la Violencia Ácida y sancionar con penas que irían de los 8 a los 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Esta nueva ley tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivos que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, y con discapacidad.
Las penas más severas se ejercerán en el caso de agresiones cometidas por razones de género, que tengan como antecedente amenazas, acoso u otro tipo de violencia. Si el ataque causa daños graves y permanentes a la víctima se deberá considerar como tentativa de feminicidio. El decreto también obliga a las instancias de salud a reportar sistemáticamente ante el Ministerio Público los casos que registren.
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