En Veracruz, la incidencia de menores de edad acusados por actividades delictivas ha ido en aumento en los últimos cinco años.
Desde 2020 hasta marzo de 2025, 189 adolescentes fueron vinculados a proceso por un juez de control, de acuerdo con información obtenida a través del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV).
Dicho organismo respondió a una solicitud de información hecha por Imagen de Veracruz, revelando que, en 2020, 25 menores fueron vinculados a proceso a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), que aportó pruebas por la presunta responsabilidad de los adolescentes en diversos delitos.
En el reporte del PJEV se detalla que seis menores enfrentaron juicios por secuestro, seis por homicidio, tres por pederastia, dos por portación de armas de fuego sin licencia y los demás por violación, robo, delitos contra la salud, feminicidio, abuso sexual de menores y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Para 2021, la cifra aumentó a 30 adolescentes, de los cuales uno fue procesado por dos delitos. Ocho enfrentaron cargos por homicidio calificado, seis por pederastia, cinco por violación, tres por robo, dos por violencia familiar y dos por secuestro. También hubo casos por delitos contra la salud, lesiones, abuso sexual de menores, pederastia en grado de tentativa y portación de arma sin licencia.
En 2022, hubo una disminución, con 24 menores procesados. Diez fueron vinculados por violación, tres por abuso sexual de menores, tres por pederastia y dos por homicidio. Otros casos incluyeron violación a la intimidad, robo agravado, secuestro, lesiones, violencia familiar y daños culposos.
El siguiente año, el PJEV registró 46 vinculaciones a proceso de menores infractores. De estas, 20 fueron por violación y ocho por homicidio. También hubo cuatro casos por abuso sexual de menores, dos por pederastia, dos por lesiones calificadas, dos por delitos contra la salud, dos por feminicidio y otros dos por secuestro.
En 2024, el incremento continuó con 56 adolescentes procesados, incluyendo 16 por violación, 12 por homicidio, nueve por delitos contra la salud, cinco por secuestro agravado y robo, y cuatro por lesiones.
Hasta marzo de 2025, ocho jóvenes han sido vinculados: tres por violación, dos por delitos contra la salud y los demás por homicidio, robo y actos contra instituciones de seguridad pública.
En entrevista, el presidente de Comunidades Seguras de Veracruz y especialista en seguridad pública, Jeremías Zúñiga Mezano, afirmó que la principal causa de la delincuencia juvenil es la ausencia de valores en la educación familiar.
"Un niño delinque, un adolescente delinque, porque no tiene los valores, ni la formación, ni la educación necesaria para darse cuenta de que va a causar un perjuicio", enfatizó.
El especialista también señaló que factores como la ausencia parental, la deserción escolar, las dificultades socioeconómicas y la falta de un proyecto de vida influyen significativamente en la decisión de los menores de convertirse en infractores.
Por ello, subrayó que la clave para combatir la delincuencia juvenil radica en la familia y en la educación.
"Si no hay una sociedad con valores, una sociedad formada, una sociedad educada, si los padres no se involucran en la formación de los hijos, prácticamente los niños van a crecer con los valores que la calle les enseñe", advirtió.
En los cateos realizados recientemente por fuerzas federales como parte de la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con policías estatales y municipales, menores de edad fueron detenidos por su presunta participación en delitos contra la salud, como el tráfico y distribución de drogas.
Zúñiga Mezano explicó que las bandas criminales captan a los jóvenes a través del acceso fácil a las drogas y el dinero, especialmente a aquellos que crecen sin un sentido de pertenencia.
"El niño es rechazado en su casa, en la escuela, en su entorno social. Llega con los grupos delincuenciales y lo apapachan con alcohol, fiesta, un arma o un vehículo, y él siente que ya pertenece a algo, sin importarle perder la vida".
El especialista advirtió que la delincuencia juvenil genera un entorno social más violento e insensible, además de fortalecer la base operativa del crimen organizado.
El proceso penal de adolescentes en Veracruz está regulado por la Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado de Veracruz (2006) y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes (LNSIJPA) (2016), así como por normas internacionales, como las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad.
Estas leyes establecen que los menores entre 12 y 18 años pueden enfrentar procesos penales, pero aquellos menores de 12 años que cometan delitos quedan exentos de responsabilidad legal.
Zúñiga Mezano considera que el sistema actual no garantiza la reinserción social de los jóvenes infractores.
"La Ciudad de los Niños (CIEPA) y la cárcel están diseñadas para marginar y excluir, no para rehabilitar", criticó.
A su juicio, es urgente crear centros de recuperación integrales, con atención psicológica, psiquiátrica, actividades deportivas y convivencia familiar obligatoria.
En 2022, la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJP) del INEGI reveló que:
Más allá de las cifras oficiales, algunos casos mediáticos evidenciaron la brutalidad de los delitos cometidos por menores.
El 27 de agosto del 2019, hombres armados ingresaron al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, en donde rociaron con gasolina la pista de baile y la barra, para después prender fuego al lugar y disparar en varias ocasiones. Las víctimas fueron 31 personas, entre clientes, meseros, bailarinas y personal del establecimiento.
El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó dos semanas después, que uno de los presuntos responsables era un menor de 15 años, detenido en Tamaulipas por su presunta participación en el ataque.
En junio del 2019, el niño Carlos Arturo N.V. de 13 años, fue secuestrado y asesinado en la ciudad de Xalapa. En el crimen estuvieron implicadas tres personas, dos adultos que fueron sentenciados a 80 años de cárcel por el homicidio del menor y una niña llamada Rosa Isela, de la misma edad de la víctima.
Rosa Isela habría engañado a Carlitos para privarlo de la libertad. La menor fue resguardada por el DIF y llevada a un juicio especializado, según informó la autoridad.
El 10 de abril de 2023, Estefany Naomi, de 13 años, fue apuñalada por un adolescente de 15 años en Tecolutla, tras rechazar una propuesta de noviazgo.
El 14 de marzo de 2024, un estudiante de 12 años intentó apuñalar a su maestro de Cívica y Ética con un arma blanca en la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas, en Boca del Río.
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