Integrantes de la Delegación Veracruz del Instituto Federal de la Defensoría Pública realizaron una protesta simbólica por la reducción del 8 por ciento en sus prestaciones laborales, la cual comenzó a reflejarse en sus pagos desde la segunda quincena de enero.
Roberto Gómez Maravilla, delegado estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Veracruz, explicó que este recorte se aplicó de manera unilateral a los trabajadores de confianza y organismos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, sin previo aviso ni justificación clara.
"Si bien es cierto que en el décimo transitorio de la reforma judicial se estableció que los trabajadores no íbamos a tener ningún tipo de detrimento en nuestras prestaciones, esto no sucedió".
Tan solo en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, alrededor de 100 defensores públicos se han visto perjudicados, mientras que a nivel estatal el impacto alcanza a más de 3 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluyendo personal de la Contraloría, oficinas de correspondencia y la Escuela Judicial.
De acuerdo con cálculos de los trabajadores, la reducción representa aproximadamente 15 millones de pesos anuales que dejarán de percibir quienes forman parte de la Defensoría Pública.
"Lo que queremos es que el Consejo de la Judicatura Federal respete nuestros derechos y en su caso, solicite la partida presupuestaria necesaria al Poder Ejecutivo para garantizar el pago de nuestras prestaciones", enfatizó el delegado estatal.
En Veracruz, la Defensoría Pública Federal cuenta con una delegación estatal, ubicada en la calle Habaneras 311, en Boca del Río, y tiene presencia en distintas ciudades de la entidad. Entre ellas, Cosamaloapan, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Tuxpan y Poza Rica, donde los defensores públicos brindan atención en agencias del Ministerio Público y en juzgados federales.
Además de la defensa en procesos judiciales, los defensores públicos atienden casos en organismos gubernamentales, procedimientos administrativos y asuntos migratorios ante el Instituto Nacional de Migración.
Asimismo, Gómez Maravilla, detalló que los trabajadores afectados ya han presentado escritos ante el Consejo de la Judicatura Federal y analizan interponer demandas de amparo y juicios laborales.
La protesta de este martes coincidió con una sesión del Pleno del Consejo en la Ciudad de México, donde defensores de todo el país buscan presionar para revertir la medida.
"Si no hay una solución, las manifestaciones seguirán y las acciones legales irán escalando", advirtió Gómez Maravilla.
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