Abrir la Isla de Sacrificios al turismo no es viable en las condiciones actuales debido a tres factores fundamentales: el marco legal que la protege, su valor ecológico dentro de un ecosistema altamente sensible, y la existencia de vestigios históricos que requieren resguardo especializado, señaló Jezahel Miranda Zacarías, jefe de departamento del Monitoreo de Arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano.
Explicó que desde el punto de vista normativo, la isla está bajo protección federal como parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Esta categoría implica una zonificación estricta que impide expresamente las actividades recreativas o turísticas.
El programa de manejo vigente, documento legal que rige lo que puede o no hacerse dentro del área, clasifica a la Isla de Sacrificios como zona de uso exclusivo para la conservación y la investigación científica. Cualquier intento por permitir visitas requeriría no solo una reforma jurídica, sino un rediseño completo del programa de manejo.
En segundo lugar, la isla forma parte de un ecosistema arrecifal frágil y de alto valor biológico. En sus playas anidan especies de tortugas marinas que están catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, como la tortuga lora y la tortuga verde. Estas especies tienen hábitos muy específicos de reproducción y son sensibles a cualquier tipo de perturbación humana. El ingreso de personas, aun de manera controlada, puede alterar sus ciclos reproductivos y afectar la biodiversidad de la zona. Además, hay otras especies en riesgo que también dependen del equilibrio de este entorno.
"La reapertura de la Isla de Sacrificios no puede decidirse con base en el interés turístico o el potencial económico. Requiere, en primer lugar, una modificación legal; en segundo, la validación científica de que el ecosistema podría soportar cierto nivel de visita sin afectación; y en tercero, una estrategia cultural que garantice la protección de los vestigios. Todo esto enmarcado en una política de conservación activa y multisectorial".
El tercer aspecto es la presencia de vestigios históricos y arqueológicos en la isla, lo cual obliga a considerar una dimensión adicional de protección patrimonial. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene jurisdicción sobre estos elementos y su participación sería obligatoria para evaluar cualquier intervención. Abrir al público un espacio con elementos históricos sin estudios previos de conservación y sin un plan de manejo específico para los vestigios, implicaría un riesgo alto de deterioro o pérdida del patrimonio.
"El programa de manejo establece que la isla está designada exclusivamente para fines de conservación e investigación científica. Cualquier actividad turística dentro de esa zona está actualmente restringida por ley", concluyó.
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