INE aprueba protocolo contra la violencia de género: Nuevas medidas de protección anunciadas

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Protocolo para la Atención de la Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género, para atender a las víctimas y evitar que sean revictimizadas.

Garantizará que se les trate con respeto a su dignidad y derechos humanos, que no sean revictimizadas, y se podrán analizar los riesgos a la integridad de las mujeres que denuncien violencia política en razón de género.

El Protocolo del INE permitirá atender a aquellas mujeres que fueron víctimas, para que no sean revictimizadas y para que se les trate con respeto a su dignidad y a sus derechos humanos.

Permitirá también analizar los riesgos a la integridad de las mujeres que denuncien violencia política en razón de género

Además, permite establecer el procedimiento que se seguirá, así como la canalización de las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres; y elaborar el análisis de riesgo para determinar si proceden las medidas de protección y/o el plan de seguridad.

El Protocolo para la Atención a Víctimas de la Violencia Política Contra las Mujeres permite establecer el procedimiento que se seguirá, la orientación y/o canalizaciones de las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres, y la elaboración del análisis de riesgo para determinar si proceden las medidas de protección y/el plan de seguridad.

Además, contempla la emisión de las medidas de protección cuando la vida, libertad, integridad física o psicológica de la víctima se encuentren en riesgo inminente.

Desde el Instituto se podrá solicitar a las autoridades correspondientes un plan de seguridad.

El Protocolo contempla las siguientes medidas:

1. Prohibición al agresor de acercarse o comunicarse con la presunta víctima, y realizar conductas de intimidación o violencia.
2. La limitación para asistir o acercarse al domicilio de la presunta víctima o el lugar donde se encuentre.
3. La vigilancia en el domicilio y protección policial de la presunta víctima.
4. Las necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de las personas en situación de violencia.