Hay bases legales para cancelar concesión a Grupo MAS en Veracruz: diputada (+Video)

Cancelar la concesión del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento es totalmente factible ante el incumplimiento de su compromiso con los usuarios y aunque algunos servidores públicos y representantes populares se opongan, aseguró la diputada federal Rosa María Hernández Espejo, del distrito 4 de Veracruz.

Recordó que desde que entró en funciones el actual cabildo de Veracruz ella solicitó a cada edil promover la extinción de esa concesión, pero no sucedió.

Descartó que sea imposible cancelar la concesión y que la única alternativa es la costosa indemnización por muchos miles de millones de pesos en la que se excusan quienes no quieren impulsar esa revocación al Grupo MAS.

"El artículo 98 de la Ley del Municipio Libre plantea que causa de la extinción de un contrato de concesión es la queja razonada de los usuarios, y quejas razonadas hay muchas; el Congreso tiene facultades para cancelar la concesión", subrayó Hernández Espejo.

A la pregunta de por qué no se ha cancelado respondió que lo único que requiere es un acta de cabildo del Ayuntamiento en la que se solicite.

Aclaró que la Legislatura del Estado no tiene atribuciones para cancelar la concesión ni para actuar sin esa acta. Lo que sí puede hacer es decirle al cabildo de Veracruz que sesione y analice ese asunto.

Y si el cabildo se niega a hacer la cancelación, entonces el Congreso tiene facultades para actuar si existen omisiones del cumplimiento, es decir cuando se incumple con los términos de un contrato, una concesión, puntualizó la legisladora.

A su vez el abogado Pedro Rivera García, asesor legal de aproximadamente 600 familias veracruzanas en juicios de amparos indirectos, recalcó que la extinción de las concesiones de servicios públicos municipales procederá cuando:

-Existan quejas razonadas de los usuarios.

-Se constate que el servicio se presta en una forma distinta a la concesionada.

-No se cumpla con las obligaciones que se deriven de la concesión.

-No se preste el servicio concesionado con generalidad, continuidad, regularidad y uniformidad, a menos que se trate de un caso fortuito o de fuerza mayor.

-Se constate que el concesionario no conserva los bienes en buen estado o cuando sufran deterioro por su negligencia, con perjuicio de la prestación normal del servicio.

-Cuando no se acaten las disposiciones aplicables.

El abogado recalcó que basta con el incumplimiento en alguno de esos casos es causal para cancelar la concesión y no se requiere ninguna penalización económica a cargo del Ayuntamiento, como se suele amenazar.

Dijo que ante ello, aproximadamente 600 familias de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, además de Boca del Río con otra concesionaria, interpusieron juicios de amparo indirectos que hoy se encuentran bajo los índices de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río.

El abogado señaló que según información de la Procuraduría Federal del Consumidor, desde el año 2016 al 3 de mayo de 2022 se han recibido 2 mil 729 quejas.

Añadió que el concesionario carece de Certificado de Calidad de Agua Potable que cumpla con las normas oficiales, conforme a la Auditoría de Legalidad realizada por el Órgano de Fiscalización Superior en el año 2016 y el informe de la Auditoría Integral al Instituto Metropolitano del Agua en el año 2016.

Fotos: Wenceslao Fuentes/IMAGEN DEL GOLFO. 

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