Empresarios piden a autoridades federales frenar robo de gas LP en Veracruz

El estado de Veracruz y la zona centro del país no son la excepción en el robo de gas LP, este fenómeno sigue en crecimiento, sin embargo, la autoridad federal está atendiendo esta problemática, afirmó el consejero de la Asociación de Distribuidores de Gas del Interior AC (ADIGAS), Enrique Cházaro Mabarak.

"Por fortuna la autoridad federal está tomando cartas en el asunto, confiamos en que esto venga a menos, la situación va igual que en 2024, por eso conmino a la autoridad a nivel a que venga a poner orden en este sentido".

De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 2024, seis estados concentran el mayor número de tomas clandestinas de gas LP en ductos.

Puebla lidera la lista con 426 perforaciones ilegales, seguido por Veracruz con 245, Tlaxcala con 127, Ciudad de México con 94, Oaxaca con 25 y Querétaro con 16.

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En este contexto, los distribuidores formales del combustible exigen mayor acción gubernamental para frenar esta problemática, ya que afecta a un sector que genera más de 200 mil empleos directos, además de fomentar la delincuencia y la extorsión.

"En los límites de Puebla y la zona centro del estado, básicamente por la región de Tierra Blanca, a todas las empresas establecidas que cumplimos con todas las normas y requisitos nos afecta porqué tiene un costo de operación muy alto".

El fenómeno del "Huachigas" no solo representa pérdidas económicas, sino también un alto riesgo de accidentes para la población.

"No es equitativo ni es justo, es una competencia desleal, por supuesto (...) Yo creo que se dan cuenta y están atendiendo las autoridades, yo conmino a que pongan más énfasis en el asunto",

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De acuerdo con los distribuidores de Gas LP, los grupos delictivos que controlan las zonas de distribución han obligado a las empresas formales a desplazarse, generando un mercado ilegal que opera sin regulaciones ni medidas de seguridad.

Desde la perspectiva de los distribuidores, el "Huachigas" socava el Estado de Derecho, incrementa la inseguridad y desincentiva la inversión productiva.