Ante la posibilidad de que sea su último cargo en la administración pública, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, inició un proceso para jubilarse y quedar pensionado con cargo al erario público, al contratar una empresa privada para un plan privado de pensión.
Tal situación fue observada en el Informe de la Cuenta Pública 2019 presentada por el Órgano de Fiscalización Superior ante el Congreso del Estado, donde el Ayuntamiento de Veracruz, tan sólo por este aspecto, tiene un presunto daño patrimonial de 30 millones 261 mil 705 pesos.
Aunque en total todas las irregularidades financieras y en la obra pública del ayuntamiento porteño suman 74 millones 540 mil 593 pesos, resalta la observación con presunto daño patrimonial por más de 30 millones.
Originalmente la irregularidad era por 31 millones 532 mil 878 pesos, ante lo cual el Orfis le dio la oportunidad de solventar a la administración de Yunes Márquez tal situación pero no pudo hacerlo, pues únicamente presentó algunas transferencias bancarias con las que se pudo aclarar poco más de un millón 270 mil pesos.
El Orfis es puntual en señalar que el Ayuntamiento de Veracruz no justificó la contratación de un servicio privado de pensiones, además que el gobierno municipal no aclara quiénes son los únicos funcionarios o ediles beneficiados.
Aunado a ello, el Orfis detectó que no se presentó el acuerdo de Cabildo que apruebe y
fundamente la aprobación del contrato, requisitos y relación de los beneficiarios o el monto de afectación al presupuesto.
Tampoco se presentó un documento que especifique cuántos trabajadores se encuentran
adheridos al Fondo Privado de Pensiones de Supervivencia, su fecha de ingreso, cantidad que se le descuenta a cada trabajador, aportación monetaria del municipio, los beneficios a corto y largo plazo.
No presentó acuerdo de cabildo que autorice el adendum modificatorio No. AD-MVER-EXTERNO-001-19-PS-01/Adendum-01 al monto del contrato No. AD-MVER-EXTERNO-001-19-PS-01 de la adjudicación directa AD-MVER-Externo-001-19, relativa a la contratación abierta para el servicio de administración del Plan Privado de Pensiones Asesoría Jurídica Contable y Financiera, por un monto de seis millones 200 mil pesos, equivalente al 20 por ciento respecto al monto original, con fecha 19 de noviembre de 2019.
El dictamen de procedencia que presentan para la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios, no contiene el estudio de mercado que justifique la no existencia de más proveedores al respecto, por lo que no justifica la falta de licitación pública.
Por último, refiere que no se presentó acta constitutiva de la empresa prestadora del servicio.
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