Estas serán las multas para comercios que usen bolsas de plástico en Veracruz

Una multa mínima de 100 mil pesos será impuesta a los comercios que continúen entregando sus productos en bolsas de plástico, pues el plazo otorgado por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de Veracruz finalizó este lunes 5 de junio, por lo que ya iniciaron con los operativos para sancionar a los comercios que no cumplan con la normatividad, indicó el procurador, Sergio Rodríguez Cortés.

El procurador dejó en claro que concluyó el plazo otorgado, de 180 días, para que los ayuntamientos de los 212 municipios veracruzanos pudieran crear una ley de supervisión para que todos los comercios cumplan con este requisito.

“Fue a mediados del 2018 cuando el Congreso de Veracruz prohibió el uso de plásticos no biodegradables y se dio un plazo de 180 días a los ayuntamientos, por eso, a partir de esta fecha todos son sujetos de inspección y ahora si no nos vamos a ir con el cuento de que no nos informaron, no sabíamos, no estábamos enterados. Vamos a iniciar con los grandes productores de plásticos e ir bajando y la idea es que las pequeñas tiendas se den cuenta que están prohibidos en Veracruz”, detalló.

Explicó que las sanciones que se impondrán a los establecimientos que no usen plásticos biodegradables van a partir de 100 Unidades de Medida (UMA’s), lo que equivale a 100 mil pesos.

“Ya se les dio 180 días, desde el 28 de mayo del 2018, para que los municipios armonizaran sus reglamentos municipales” reiteró.

Aseguró que a estas fechas ya todos los ayuntamientos deberían contar con un reglamento y verificar que se cumpla la ley en materia ambiental.

“A esta fecha los 212 municipio deben de estar haciendo inspecciones y prohibir este tipo de residuos, si no lo tienen, si no lo han hecho, de manera supletoria, será la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente quien intervenga a estas empresas”, indicó.

Quienes cumplen con la norma no serán sujetos de sanciones, sin embargo, aclaró que verificarán que esos plásticos cumplan con las medidas que exige la procuraduría para ser consideradas amigables con el medio ambiente.

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