El proceso de selección de los nuevos jueces y magistrados en México sigue avanzando, pero se requiere mayor promoción de los perfiles que contenderán. En su visita a Imagen de Veracruz, Gilberto Salazar Ceballos, candidato a magistrado electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que a la ciudadanía se debe involucrar y no dejar el futuro de su familia, patrimonio y seguridad en manos de desconocidos.
Aunque la reforma al Poder Judicial busca generar una renovación en la designación de personas juzgadoras, aún persisten retos en su implementación.
Uno de los puntos importantes del proceso es la instalación de casillas para la votación, ya que la cantidad de centros de votación destinados a este proceso es significativamente menor a la de otros comicios.
"En Veracruz se instalan, por ejemplo, en promedio 10,600 casillas para la elección de ediles y para todos los cargos de gobierno en la Constitución Popular. Para la elección de personas juzgadoras solamente se dispuso la instalación de 5,020 casillas. De tal manera que van a tener una mayor afluencia de ciudadanos", explicó.
También recordó que la reforma al Poder Judicial surgió como una respuesta a problemas estructurales, como el nepotismo en el proceso de selección de jueces y magistrados. Aunque comúnmente dichas figuras son discretas en esta ocasión deben figurar públicamente.
"¿Por qué surge o por qué se justifica la reforma al Poder Judicial? Bueno, es para resolver un problema que fue reconocido incluso por el propio Consejo de la Judicatura Federal y por organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad", señaló.
Admitió que existen dificultades en la implementación de la reforma, ya que algunos actores dentro del Poder Judicial muestran resistencia a los cambios.
Quienes están, no necesariamente quieren dejar el puesto pero es un problema que afecta al Poder Judicial de la Federación, y el propósito de la reforma es la renovación.
Otro de los desafíos identificados en el proceso electoral es la equidad en la competencia. Destacó que las reglas establecidas pueden generar condiciones inequitativas para los candidatos, particularmente en lo referente al financiamiento de campañas.
"No es lo mismo una persona con un abultado patrimonio, con una hacienda muy próspera, que una persona que tiene un patrimonio más modesto. Porque, por ejemplo, les comentaba que para todas las elecciones se hace un tope de gastos de campaña de 220 mil pesos. Y en el caso de la elección de ministros de la Corte, pues la cobertura territorial de elecciones nacionales. Difícilmente se puede hacer una campaña nacional de dos meses con 220 mil pesos", explicó.
A pesar de estos retos, señaló que el proceso continúa su curso, con la expectativa de que la reforma logre su objetivo de democratizar el acceso a los cargos en el Poder Judicial y garantizar que los mejores perfiles sean seleccionados en condiciones de equidad y transparencia.
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