Denuncian que joven madre habría sido encarcelada injustamente en Veracruz

En Veracruz, la justicia sigue fallando a las mujeres víctimas de violencia. Un caso alarmante es el de J.G.P.V., una joven madre que, en lugar de ser reconocida como víctima de privación ilegal de la libertad y maltrato, fue condenada por un delito que no cometió: secuestro.

El próximo 26 de marzo, la Quinta Sala Penal de Veracruz, en el expediente TOCA 617/2024, tiene la oportunidad de corregir esta injusticia. Sin pruebas que la incriminen, con testigos que no la reconocen y con evidencias obtenidas de manera sospechosa, su condena refleja un sistema que criminaliza a las mujeres en lugar de protegerlas.

J.G.P.V. vivía una relación marcada por la violencia. Cuando intentó separarse, su pareja la retuvo en contra de su voluntad, le quitó su credencial de elector (INE) y la mantuvo bajo su control.

Desesperada, logró escapar sin documentos. Pero su captor la encontró antes de que pudiera pedir ayuda. Minutos después, la policía detuvo el vehículo en el que ambos viajaban, junto con otras personas, acusándolos a todos de secuestro.

La única "prueba" contra ella fue la credencial de elector que su agresor le había arrebatado meses atrás. Sin embargo, la policía la "encontró" cinco meses después de la detención, en un proceso que apunta a la fabricación de pruebas para justificar su condena.

No hay víctimas que la señalen. No hay evidencias que la incriminen. No hay razones para que esté tras las rejas.

Desde su detención, J.G.P.V. ha permanecido en la misma prisión que su agresor, lo que la ha mantenido en silencio por miedo a represalias. Ha sido amenazada constantemente y, hace tres meses, dio a luz en la cárcel, donde ahora permanece con su bebé.

Este caso no solo evidencia la falta de perspectiva de género en el sistema judicial, sino también la ausencia de una investigación real. La justicia de Veracruz parece seguir una línea en la que todos los detenidos por secuestro son condenados sin analizar sus circunstancias, sin importar si entre ellos hay víctimas.

La Quinta Sala Penal de Veracruz, a cargo del expediente TOCA 617/2024, tiene la posibilidad de anular una sentencia basada en irregularidades y falta de pruebas. Si se aplicara una perspectiva de género real, J.G.P.V. sería reconocida como lo que es: una víctima de violencia, no una criminal.

El 26 de marzo no solo se definirá el destino de J.G.P.V. y su hijo, sino también la credibilidad del sistema judicial del estado, donde debe ser contundente que nunca más una víctima debe ser condenada sin investigar su historia.