Denuncian mafia de diputados contra el Poder Judicial

El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, buscará que se sancione a los diputados de la LXIV Legislatura, que aprobaron la construcción de Ciudades Judiciales en Veracruz y a las cinco empresas que participan en el proyecto.

Señaló que Veracruz es uno de los siete estados de la República Mexicana que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en este caso el proyecto presume corrupción.

En la licitación participaron cinco empresas, ganó una, pero invitó a las otras cuatro a participar.

Sin embargo, jurídicamente no estaban registradas como proveedoras de Gobierno del Estado y se les autorizó el contrato de 5 mil millones de pesos por 25 años.

“Son cuatro denuncias, ya presentamos una contra el exoficial mayor o administrativo en la era de Edel Álvarez Peña, la siguiente fue contra los que integraban el Consejo de la Judicatura, la tercera contra los diputados que aprobaron el tema de las Ciudades Judiciales, que son de la 64 Legislatura y la cuarta contra las empresas”.

El abogado denunciará a los diputados que avalaron el proyecto y lo sustentarán basados en que el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales da facultades para que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo lo ponga del conocimiento de las autoridades.

Constructoras

Cabe mencionar que también denunció pagos de hasta 17 millones de pesos a empresas constructoras de las Ciudades Judiciales.

Dichas erogaciones de recursos habían sido detenidas por la magistrada Sofía Martínez Huerta, pero a raíz de la llegada de Isabel Inés Romero Cruz, como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, comenzaron a entregarse a las compañías, a pesar de que la mayoría de los proyectos no se ha ejecutado.

No han actuado

“Ya dijeron los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura que hay ilegalidades pero no han actuado. En automático ellos ya tienen conocimiento de que hay la probable comisión de un delito y deben presentar la denuncia y si no lo hacen nosotros vamos a presentar una denuncia contra ellos por omisión en la probable responsabilidad en que puedan incurrir”.

El abogado admitió que no confía en la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado, pues efectuando un razonamiento probatorio, cuando la magistrada Sofía Martínez Huerta dejó de pagar los 17 millones de pesos a las compañías, comenzó el “golpeteo” y la destituyeron.

Aunado a ello la nueva titular pagó no solo un mes sino los que no se habían cubierto.

Acusó que existe corrupción en el proyecto de Ciudades Judiciales y corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar quienes forman parte del contubernio entre la administración pasada y la actual.

Las sanciones contempladas para las personas jurídicas son: la destitución, disolución de la empresa o sanción penal a cada uno de los socios.

“Yo no confío en la Fiscalía por la parcialidad y por la ignorancia jurídica, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da la facultad para promover y decir a los veracruzanos en donde radica esa facultad. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se rige por los principios de objetividad, legalidad, respeto a los derechos humanos, entre otros”.

Insistió en que el Sistema Penal Acusatorio permite hacer la propia investigación para señalarle a la Fiscalía que diligencias y pruebas se requieren en la etapa de integración.