Mientras en redes sociales el Partido Revolucionario Institucional (PRI) profesa la unión de sus integrantes a nivel estatal y nacional, en instancias como el Tribunal Electoral de Veracruz, un documento de Juicio de Defensa Ciudadana en contra de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI es archivado en los escritorios.
El expediente TEV JDC-630/2020 elaborado en la oficina de actuaria de la Oficina General de Acuerdos de dicho tribunal da a conocer que la que interpone la demanda es Yolanda Lagunes López, Presidenta del Organismo Nacional de las Mujeres priístas en el estado (ONMPRI).
El documento denominado Cédula de Identificación está compuesto por tres hojas, y es en la segunda que se lee en su segundo párrafo lo siguiente:
“Con el escrito de demanda recibido el día de ayer en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Yolanda Lagunes López, ostentándose como militante del Partido Revolucionario Institucional y presidenta del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas en el Estado de Veracruz promueve, per saltum, lo que denomina “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, en contra de la Comisión Política permanente del Consejo Político Estatal de dicho partido político en esta entidad federativa, de su Presidente y Secretario Técnico, por actos y omisiones que podrían constituir violencia política de género”.
Requerimientos
En el documento el organismo jurisdiccional puntualiza tres acuerdos, en uno de ellos requiere a la Comisión demandada del partido que por medio de su presidente (Marlon Ramírez) haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por la actora al rubro señalada, es decir, Yolanda Lagunes López.
Dicho requerimiento deberá ser satisfecho en un lapso de 72 horas que ya están corriendo desde el día 24 cuando se interpuso la demanda.
Y en las 24 horas siguientes a la conclusión del plazo de las 72 horas, remita documentos que acrediten la publicación del juicio de referencia. El documento está firmado y sellado por la magistrada presidenta y el secretario general de acuerdos del tribunal.
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