El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz atiende un número creciente de quejas por violencia política en razón de género dentro de los ayuntamientos; sin embargo, Tania Celina Vásquez Muñoz, presidenta de este organismo, explicó que en muchos casos se trata más bien de temas relacionados con.
"Hemos detectado que, en la mayoría de los casos, lo que ocurre es una obstrucción a las funciones de las funcionarias municipales. No necesariamente es violencia política en razón de género, aunque en algunos casos sí lo es", afirmó la magistrada.
Entre los actos de obstrucción más comunes se encuentran la negativa a proporcionar información necesaria para las sesiones de cabildo, el impedimento para acceder a sus oficinas mediante el cambio de cerraduras, la suspensión de vehículos oficiales destinados a su labor o incluso la falta de pago de sus salarios.
"Cuando detectamos un patrón de conducta doloso y reiterado, entonces sí podemos hablar de violencia política de género. Pero cuando se trata de un acto aislado o de desconocimiento de la normativa, se maneja como obstrucción", precisó.
Las sanciones en estos casos varían según la gravedad de la falta. Pueden ir desde apercibimientos o amonestaciones hasta multas e incluso la inhabilitación para ocupar cargos públicos en casos graves y reiterados. Cuando se acredita violencia política de género, los responsables son inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, lo que les impide postularse a futuras elecciones.
El 22 de marzo comienza el registro oficial de candidaturas para la elección de presidencias municipales en ayuntamientos, lo que se prevé generará impugnaciones.
"Ya hemos recibido algunas primeras quejas sobre las designaciones de candidatos y candidatas, aunque el grueso de las inconformidades llegará después del 22, cuando inicie formalmente el periodo de registros", señaló Vásquez Muñoz.
Los partidos políticos suelen esperar hasta el último momento para impugnar las candidaturas de sus adversarios, buscando anular postulaciones bajo el argumento de incumplimiento de requisitos o violaciones a la equidad de género.
Para apoyar a las mujeres que enfrentan violencia política o dificultades en su postulación, el Tribunal Electoral cuenta con una defensoría pública gratuita que brinda asesoría y acompañamiento legal.
"Es importante que las mujeres candidatas sepan que tienen el respaldo de una institución que las cobija y orienta. Pueden acudir a nosotros de manera presencial, por teléfono o vía digital. Incluso, si hablan otra lengua indígena, podemos gestionar un intérprete", destacó Vásquez Muñoz.
La magistrada hizo un llamado a las mujeres que enfrenten violencia política a que denuncien sus casos sin temor, asegurando que el tribunal está comprometido en garantizar su participación en condiciones de equidad.
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