Coparmex Nacional se encuentra preocupada por la reforma al Infonavit

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través de su presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, expresó su rechazo a la reciente reforma aprobada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sierra Álvarez calificó como preocupante la modificación a la estructura de la institución y al uso de los recursos de los trabajadores, señalando la necesidad de mantener el modelo tripartita que ha sido exitoso durante más de cinco décadas.

"El Infonavit no es una institución pública ni sus recursos son del gobierno. Son aportaciones de los empresarios, pero el dinero tiene nombre y apellido: pertenece a las y los trabajadores de México. Esto es lo más importante que debemos proteger".

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la reestructuración de los órganos de gobierno del instituto, que ahora tendrán una mayor representación gubernamental y reducirán la participación de empresarios y trabajadores.

La Asamblea General, por ejemplo, contará con 30 miembros, de los cuales 15 serán del Ejecutivo Federal, lo que representa una mayoría significativa. Para Sierra Álvarez, esta modificación vulnera el equilibrio en la toma de decisiones.

"El modelo tripartita paritario, donde participan trabajadores, empresarios y gobierno, es lo que ha permitido el éxito del Infonavit por 52 años. Alterar este esquema pone en riesgo su fortaleza y la confianza de los sectores que lo integran".

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la reestructuración de los órganos de gobierno del instituto

Además, la desaparición de las Direcciones Sectoriales de Trabajadores y Empresarial y el cambio de supervisión a la Secretaría de Hacienda en lugar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han generado críticas por parte de diversas organizaciones sindicales y empresariales, que consideran que se está debilitando el control y la transparencia.

Otro aspecto que inquieta a Coparmex es el uso de los recursos del Fondo de Vivienda para la construcción directa de viviendas y otros proyectos. Con la creación de una empresa filial, el Infonavit tendrá la capacidad de desarrollar proyectos propios, lo que implica un cambio en su naturaleza como administrador de los ahorros de los trabajadores.

Aunque la reforma busca construir un millón de viviendas sociales durante el actual sexenio federal, Sierra Álvarez insistió en que esto debe hacerse con base en un modelo institucional sólido y sin poner en riesgo los ahorros de los derechohabientes.

"Estamos de acuerdo en atender el déficit de vivienda, pero esto debe hacerse con decisiones equilibradas y bien fundamentadas. Los recursos no deben ser objeto de experimentación".

El presidente de Coparmex subrayó la importancia de un diálogo abierto y tripartita para revisar las implicaciones de la reforma y alcanzar consensos que garanticen la seguridad de los recursos y el buen funcionamiento del Infonavit.

"Hemos ganado tiempo con la suspensión del análisis de esta reforma en el periodo ordinario, pero es fundamental aprovechar este espacio para discutir y llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores y respeten el modelo original del instituto".

Juan José reconoció que aunque el objetivo de ampliar la oferta de vivienda accesible es loable, los cambios propuestos en la reforma podrían tener consecuencias negativas en la confianza de los sectores involucrados.

Además, mencionó que el sector empresarial está dispuesto a colaborar en la construcción de soluciones, siempre y cuando se respeten los principios que han regido al Infonavit desde su creación.

"La fortaleza del Infonavit radica en su carácter tripartito y en la confianza de los trabajadores y empresarios. Debemos enfocarnos en preservar esta esencia y, al mismo tiempo, encontrar formas innovadoras de enfrentar los retos de vivienda que tiene el país", concluyó.

Con este posicionamiento, Coparmex se suma a las voces de diversos sindicatos y organizaciones que han expresado su preocupación por la reforma, haciendo un llamado a proteger los recursos de los trabajadores y a garantizar la estabilidad de una de las instituciones clave en el acceso a la vivienda en México.