Contraloría se niega a revelar irregularidades detectadas por la ASF en videovigilancia Yunista en Veracruz

La Contraloría General del Estado (CGE) se negó a brindar detalles sobre los procedimientos llevados a cabo en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la instalación de cámaras de videovigilancia durante la administración anterior de Miguel Ángel Yunes Linares.

Esta postura se mantiene a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a la CGE tomar medidas respecto a los presuntos desvíos de recursos detectados.

La Contraloría justificó su negativa con base en diversos preceptos legales. En primer lugar, solicitó una prórroga para responder a un total de 10 interrogantes relacionados con los supuestos procedimientos administrativos abiertos.

Posteriormente argumentó que la solicitud no formaba parte de la información pública, ya que lo requerido no se encontraba bajo la custodia de la Contraloría. Por último, declaró que no contaba con registros sobre la información solicitada.

ASF DENUNCIÓ DESVÍOS POR 350 MDP

Es importante recordar que la ASF identificó irregularidades en la gestión de 350 millones de pesos destinados al sistema de videovigilancia, lo que llevó a emprender acciones penales contra el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la auditoría de cumplimiento de la cuenta pública correspondiente al año 2018, la ASF detectó diversas irregularidades en el manejo de los mencionados 350 millones de pesos y destacó que el sistema debía estar operativo desde el 16 de agosto de 2018.

El contrato número SSP-UA-111/17, relativo a la adquisición, suministro, electrificación, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), fue calificado como "no óptimo" debido a que los equipos no funcionaban o no recibían señal.

"Por lo anterior, se determinaron pagos improcedentes por 349,775.7 miles de pesos con recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz, ya que los bienes adquiridos no se identificaron ni se registraron en el inventario y carecieron del resguardo correspondiente; y tampoco se acreditó el correcto funcionamiento de los mismos, así como su entrega formal", concluyó la Auditoría.

La SSP realizó pagos sin identificar los bienes adquiridos ni registrarlos en el inventario, además de no proporcionarles el resguardo adecuado, y no pudo demostrar su correcto funcionamiento ni su entrega formal, según se detalla en el informe.

En marzo de 2020, José Luis Lima Franco, actual titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), confirmó la colaboración entre esta dependencia y la ASF para abordar los daños patrimoniales causados por el sistema de videovigilancia, enfatizando que la prioridad es "reparar el daño".

La colaboración entre la Contraloría y la Sefiplan generó los expedientes CG/OIC-SEFIPLAN/INV-054/2019, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados en el sistema estatal de videovigilancia.

Asimismo, se abrió el expediente OICSSP/DTyA/095/2019, en el que también se solicitó conocer las decisiones tomadas, en caso de que se hubieran impuesto sanciones o, de lo contrario, si no se hubiera llegado a ninguna determinación.

A pesar de lo anterior, la Contraloría afirmó que no estaba obligada a emitir informes solicitados de manera selectiva, argumentando que, al no haberse generado un informe final sobre la investigación de las cámaras, la información no constituye un documento público resguardado por la dependencia.

Anteriormente, el comité de transparencia había aprobado una extensión del plazo para responder a la solicitud. Finalmente, Miguel Ángel Olivares Martínez, Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, comunicó que "no se encontraron registros en relación con los procedimientos relativos a los expedientes CG/OIC-SEFIPLAN/INV-054/2019 y OICSSP/DTyA/095/2019".

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Con información de Jesús Ruiz.