Cierre de juzgados afectara derechos de reclusos: Pozos

El cierre de juzgados federales y estatales durante varias semanas afecta a miles de personas con algún problema jurídico y a los abogados que llevan sus casos, pero además a los derechos humanos de quienes se encuentran en reclusión.

El presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín, advirtió lo anterior y aunque dijo entender la contingencia, lamentó el efecto negativo que tendrá esa situación para quienes enfrentan un problema.

Recordó que los juzgados permanecerán cerrados hasta el 18 de abril, de modo que toda actividad queda paralizada hasta esa fecha, y miles de personas deberán esperar para tener resultados de diversos trámites, con la duda de que más adelante pudiera extenderse la parálisis.

Resaltó que sólo en el distrito judicial de Veracruz, que abarca a varios municipios circunvecinos, unos 5 mil abogados y sus clientes quedaron atrapados en la inmovilidad, porque son casos que abarcan a las diversas ramas del derecho: civil, penal, mercantil, laboral, entre otras.

En muchos casos los justiciables ya sólo esperaban una resolución, tras largos y desgastantes procesos, y ahora deberán aguardar un mes más. En consecuencia los abogados no podrán cobrar sus honorarios y se las verán duras durante estas semanas, resaltó Pozos Marín.

DERECHOS HUMANOS

El abogado advirtió que la peor parte la llevarán quienes se encuentran encarcelados porque al prohibirse las visitas quedarán abandonados en toda la extensión de la palabra, en un sistema penal que no es precisamente el mejor.

Reiteró que son comprensibles las medidas oficiales emergentes para contener al coronavirus, pero se pronunció por mecanismos que permitan preservar la salud comunitaria sin dejar al garete a quienes aun estando privados de su libertad son sujetos de derechos elementales.

“Se les afectan sus derechos humanos al restringirles las visitas, cuando podrían permitirlas bajo un esquema de seguridad sanitaria, sobre todo para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo aquéllos que requieren medicamentos por una enfermedad crónico-degenerativa”, señaló Pozos Marín.

Subrayó que más allá de que alguien esté en prisión porque lo merezca o por una injusticia, se le debe permitir visitas, quizá más espaciadas y breves que en otras circunstancias distintas de la contingencia actual por el COVID-19, pero sin condenarlo al abandono, aunque se diga que se lo buscó.

De por sí hay rezago en la impartición de justicia y ahora, con esta situación, éste se agravará, advirtió el abogado.