Celebran abogados derogación del delito de ultrajes a la autoridad

El Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C. se congratuló con la disposición del Gobierno Estatal de atender el llamado de los diversos organismos y colegios de abogados de la entidad, para derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad.

Gilberto Farías Morales, presidente del grupo de profesionistas, mencionó que dicho cargo  mantiene presas a más de 2 mil 400 personas por lo que era necesario reconsiderarse.

“Reconocemos la decisión del Gobernador del Estado de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal Verónica Hernández,  en el sentido de que van a acatar íntegramente la recomendación  146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el decreto 848 que reforma, adiciona y deroga varias disposiciones del Código Penal del Estado de Veracruz. Esto es positivo y abona al estado de derecho”.

Cabe recordar que grupos de abogados acusaron que la policía actúa al margen de la ley, además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que se están violando de forma masiva tratados internacionales en materia de derechos humanos con la actuación de los cuerpos de seguridad pública. 

Aunado a ello se viola el principio a la seguridad jurídica y la legalidad de todo gobernado.

Farías Morales Insistió en que la decisión es un buen logro para los veracruzanos y sobre todo para que se respete el estado de derecho, el debido proceso y el principio de inocencia en la entidad veracruzana.

“La derogación habla muy bien del mandatario toda vez que se muestra, en esta ocasión, respetuoso de las instituciones y de la ley. No hay que olvidar que esta acción porque se logra gracias a la intervención de los distintos Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados.

 Así como a la acción constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acción  a la que también se sumaron senadores y diputados de la República”.

 Grupos de abogados señalaron que Veracruz es de los estados que tienen mayor penalidad en delito de ultrajes a la autoridad. 

Es decir, si se busca proteger la integridad de la autoridad en cuanto a lesiones, violencia o amenazas, se podría legislar sobre dichos delitos y artículos.